El funcionario de Macri que es accionista de Clarín

El 16 de junio publiqué en la revista Veintitrés una nota sobre Mario Eugenio Quintana, mano derecha del jefe de gabinete, Marcos Peña. De acuerdo a su declaración jurada, es accionista del Grupo Clarín, entre otras 19 empresas. Desde la Secretaría de Coordinación Interministerial es uno de los hombres clave para definir políticas de Gobierno. El antecedente del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

***

Mario Eugenio Quintana, secretario de Coordinación Interministerial en la Jefatura de Gabinete, mano derecha del jefe de ministros Marcos Peña, era conocido públicamente por ser el presidente de Farmacity, la cadena de farmacias controlada por Pegasus. Poco y nada se sabía de sus negocios en las empresas más poderosas y rentables de la Argentina que evidencian un conflicto de intereses con el cargo que ostenta. De acuerdo con la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, al menos hasta el 31 de diciembre pasado, es decir, ya en funciones en la Casa Rosada, el funcionario era accionista del Grupo Clarín: poseía títulos por 2.538.095 pesos. Esta situación choca con lo establecido por la Ley de Medios (viola el artículo 24), contradice la Ley de Ética Pública y hasta podría vulnerar el Código Penal. Además, el funcionario registró una participación societaria en otras 19 empresas, como los bancos Macro y Santander Río, dos de las firmas que más facturaron en el primer trimestre de la gestión macrista. Y Tenaris, integrante del Grupo Techint.

Las declaraciones juradas de los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional como la de Quintana reflejan con datos concretos por qué este gobierno es el fiel representante de las corporaciones.

Un toque de atención

Quintana, especie de vicejefe de gabinete, tiene acciones en el multimedios Clarín desde mayo de 2009, cinco meses antes de que se sancionase la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que reemplazó el decreto ley del dictador Jorge Rafael Videla que regía con un sinnúmero de parches el sistema mediático argentino. Al cierre del año pasado, sus títulos en la empresa cotizaban en poco más de 2,5 millones de pesos.

El gobierno de Cambiemos no tuvo una posición neutral con respecto al grupo de medios de comunicación más grande del país. No solo porque nutre sus arcas con publicidad oficial. Sino que, cual promesa de campaña, 19 días después de asumir la presidencia, Mauricio Macri derogó de hecho de la LSCA tan cuestionada por el multimedios: junto a todo su gabinete firmó el decreto de necesidad y urgencia Nº 267/2015 por el cual se modificaron aspectos neurálgicos de la normativa y benefició a Clarín. Entre otras cuestiones, se favoreció a la empresa comandada por Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble en lo que respecta a la concentración mediática y a la convergencia.

El DNU se confeccionó el 29 de diciembre de 2015 cuando Quintana, según su declaración jurada, tenía en su poder las acciones de Clarín. Fue publicado en el Boletín Oficial el 4 de enero pasado. Entre quienes suscribieron el decreto estuvo Marcos Peña, jefe directo de Quintana. El documento fue ratificado por el Congreso tres meses después.

Ante este escenario, un interrogante se hace inevitable: ¿podría judicializarse el DNU que destruyó el sentido de la Ley de Medios, al conocerse el interés concreto que tenía un alto funcionario del Gobierno en evitar que el Grupo Clarín se ajustase a la legislación sancionada por el Parlamento en 2009? Por su matriz antimonopólica, la Ley de Medios obligaba al multimedios a desmembrarse y eso afectaba a la empresa de comunicación.

Uno de los artículos que no fue modificado por el actual gobierno es el 24. El mentado punto, en su apartado “h”, prohíbe que un funcionario de gobierno sea accionista en una sociedad que tenga la titularidad de una licencia de radiodifusión. Es decir que si Quintana aún tiene en su poder las acciones, debería cederlas o venderlas. Un antecedente en la materia que mencionaron especialistas consultados para esta nota es el de Sebastián Piñera, ex presidente de Chile. El empresario era dueño del canal Chilevisión y en su carrera por llegar al Palacio de La Moneda lo vendió para evitar denuncias por conflicto de intereses. La emisora fue adquirida por Turner Broadcasting System, propiedad de Time Warner.

Si Quintana no quisiese desprenderse de las acciones (si es que ya no lo hizo) debería renunciar a su cargo en el Ejecutivo nacional. Veintitrés intentó contactarse con Quintana pero al cierre de esta edición aún esperaba la respuesta del área de Prensa de Presidencia y de Jefatura de Gabinete.

Con banca

El interés concreto de Quintana en Clarín no es el único conflicto que salta a la vista al analizar la declaración jurada del secretario de Coordinación Interministerial en la Jefatura de Gabinete. El funcionario, que dijo tener un patrimonio de 61 millones de pesos, poseía al 31 de diciembre de 2015 acciones en cinco de las nueve empresas que más facturaron en el primer trimestre del gobierno de Macri. Se trata de los bancos Macro y Santander Río, las petroleras YPF y Petrobras Argentina y la eléctrica Pampa Energía.

Quintana, evidentemente, tiene olfato para los negocios. Según un informe del Instituto Argentino del Mercado de Capitales (IAMC) al que accedió esta revista, los sectores que más dinero ganaron en el primer trimestre fueron bancos, petroleras y gasíferas. Sumaron la módica suma de 515 millones de dólares (ver aparte).

De acuerdo con su declaración jurada el funcionario adquirió acciones de Banco Macro en 2011. A finales del año pasado tenían una valuación de 396 mil pesos. En el primer trimestre de este año, la entidad comandada por Jorge Brito está a la cabeza de las firmas que más dinero ganaron, con 95 millones de dólares. Otro banco al que decidió asociarse Quintana es el Santander Río. Obtuvo los títulos en el 2000. Al cierre de 2015 tenían un valor de 98 mil pesos.

El vínculo de Quintana con el sector financiero no debiera pasar desapercibido: el 13 de diciembre el funcionario participó de una reunión en la que se determinó el valor de referencia en el que se cancelaría la venta de dólares “a futuro” que había concretado la gestión anterior. De acuerdo con una denuncia en su contra, el ex CEO de Farmacity y cofundador de Pegasus había comprado antes de llegar a la función pública 11,5 millones de dólares “a futuro”, por lo que era parte interesada en la resolución del asunto. Atenta a esta información, que fue publicada en el portal noticioso eldestapeweb, la ex presidenta Cristina Fernández, procesada en la causa que se abrió por las maniobras con la divisa a futuro, pidió la indagatoria de Quintana.

Con mucha energía

Quintana también declaró tener acciones en Petrobras, YPF y Pampa Energía, que se encuentran entre las firmas que más plata ganaron entre enero y marzo de 2016.

El secretario de Coordinación Interministerial ingresó como accionista de Petrobras Argentina en 2000. A fines de 2015 poseía 19 mil pesos en títulos. Catorce años después, el funcionario adquirió un paquete accionario en YPF equivalente a 439 mil pesos. Ambas empresas fueron muy favorecidas con las subas del precio de las naftas que decidió la actual administración. El caso de Quintana bien podría replicar el del ministro de Energía, Juan José Aranguren, accionista de la casa matriz de Shell, quien fue denunciado penalmente por presunta incompatibilidad de funciones.

En lo que respecta a la empresa eléctrica Pampa Energía, Quintana obtuvo los títulos en el 2011. A diciembre pasado cotizaban en 290 mil pesos. Se trata de un holding de firmas privadas que se vio muy favorecido con el “tarifazo” y la quita de subsidios que decretó el gobierno de Cambiemos. Lo mismo sucede con Transportadora Gas del Sur, de la que el funcionario también declara ser partícipe. Allí ingresó en 2009 y tiene un importe accionario de 682 mil pesos.

El secretario de la Jefatura de Gabinete también posee títulos en dos empresas del Grupo Techint: Tenaris y Siderar. A la primera se asoció en 2008. Declaró tener 700 mil pesos en títulos al 31 de diciembre. A la siderúrgica llegó ocho años antes. Ahora posee el equivalente a 1,4 millón de pesos en acciones. Ambas son potenciales contratistas del Estado.

A su vez, Quintana tenía parte de Pegasus Argentina (empresa de la que es cofundador) y Farmacity SA, entre otras firmas. En el exterior posee acciones en JIC Investments LLC, firma radicada en Estados Unidos. Sus títulos en esa empresa cotizaban a finales de 2015 a 4,5 millones de pesos. También tiene parte del Grupo Pegasus Colombia por 274 mil pesos.

¿Es compatible con la ética que requiere la función pública que un alto funcionario de gobierno tenga acciones en tantas empresas que entablan vínculos comerciales con el gobierno y tienen incidencia en la política nacional?

La contundencia de los hechos hace evidente la respuesta.

 

RECUADRO I

Un gobierno de millonarios

Un gobierno de millonarios. Así podría definirse a la administración que se hizo cargo del país el 10 de diciembre pasado. El patrimonio de solo siete funcionarios y ministros junto al del presidente de la Nación, Mauricio Macri, suma un total de 626 millones de pesos, según se desprende de las declaraciones juradas que fueron entregadas a la Oficina Anticorrupción. El monto es equiparable al presupuesto que en 2016 tendrá el Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa. La mayoría del dinero se encuentra en el exterior.

El top 8 incluye al jefe de Estado, que posee una fortuna declarada de 110 millones de pesos; al director general de operaciones del Fondo de Garantía Sustentable, Matías Tamburini, quien registró más de 130 millones de pesos (94 millones en el exterior); al ministro de Energía y Minería y accionista de Shell, Juan José Aranguren, con una suma nada despreciable de 86 millones de pesos (casi 54 millones en el exterior); al mentado Mario Quintana (61 millones –ver nota principal–); al secretario de Finanzas, Luis Caputo, con 84 millones de pesos; al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, con 53 millones de pesos; al presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, con 77,6 millones de pesos (el 85 por ciento en el exterior), y al ex LAN Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación de Políticas Públicas, con 25 millones de pesos.

 

RECUADRO II

Buen olfato para los negocios 
Según un informe del Instituto Argentino del Mercado de Capitales (IAMC) al que accedió Veintitrés, los sectores que más dinero ganaron en el primer trimestre fueron, una vez más, el bancario, el petrolero, el gasífero, el de las telecomunicaciones y el de la metalurgia y siderurgia. La crisis apenas los rozó y sumaron la módica suma de 795 millones de dólares entre enero y marzo de este año. Se trata de los mismos rubros que mayores ingresos obtuvieron en igual trimestre del año pasado. La diferencia es que en 2016 muchos de sus accionistas se convirtieron en funcionarios del Gobierno.
El top 9 de las empresas que más ganaron (el estudio contempló 84 firmas) está conformado por: Banco Macro (con 95 millones de dólares), Banco de Galicia (91 millones de dólares), Banco Francés (79 millones), YPF (68 millones) y Petrobras Argentina (63 millones). Le siguen Telecom, Pampa Energía, Banco Santander Río y Banco Patagonia.
Así como el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, declaró tener participación accionaria en cinco de estas empresas, lo mismo sucede con varios de sus pares. Por ejemplo, el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, declaró títulos en seis de las nueve mencionadas (Petrobras, Banco Francés, Banco Macro, Tenaris, Pampa Energía e YPF). El secretario de Finanzas, Luis Caputo, hizo lo propio con YPF (también es socio de Edenor, beneficiada con la quita de subsidios y el tarifazo). Y Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, se anotó en Macro e YPF.

 

Link: http://www.veintitres.com.ar/article/details/66638/mario-quintana-otro-ministro-de-los-dos-lados-del-mostrador

Link recuadro I: http://www.veintitres.com.ar/article/details/66640/un-gobierno-de-millonarios

Anuncios

Aranguren, de los dos lados del mostrador (parte II)

El 9 de junio de 2016 se publicó en la revista Veintitrés una nota que escribí sobre el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, en base a su última declaración jurada, presentada el 2 de junio. En la mentada DJ ratificó que seguía siendo accionista de la multinacional Shell a pesar de ser el responsable de regular el sector energético de la Argentina. En diálogo con este cronista, su vocero adelantó que no renunciará a sus títulos.

***

“A confesión de parte, relevo de pruebas”, dice un antiguo axioma judicial que bien podría aplicársele al ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, acusado de faltar a la ética a la que debe ajustarse todo funcionario público. El 2 de junio pasado se emitió su última declaración jurada y allí quedó plasmado que posee acciones “clase A” de Royal Dutch Shell PLC, casa matriz de la multinacional que fue beneficiada en la Argentina por diversas medidas que se tomaron desde la cartera que dirige el propio Aranguren.
Según se desprende de su presentación ante la Oficina Anticorrupción y el fisco, a finales del año pasado las acciones de la petrolera en poder del ministro tenían un valor de 16.326.051 pesos, tres millones más que al inicio del período fiscal. El vocero de Aranguren, Alejandro Bianchi, confirmó a Veintitrés que las acciones continúan en poder del funcionario y que no se desprenderá de ellas. Arguye que “no hay incompatibilidad” y que el ex CEO de Shell se abstuvo de intervenir en cuestiones en las que particularmente estuvo involucrada la petrolera. La abstención –una coartada a la que se aferra Aranguren para evitar la comisión de un delito– es algo muy difícil de probar en este caso dado el rango que ostenta el acusado, según explicaron a esta revista desde Poder Ciudadano. “Él se abstiene pero firma un secretario que puede recibir órdenes del propio ministro”, aseguró el director de Justicia y Acción Ciudadana de esa institución, Germán Emanuele. El conflicto de intereses parece evidente.

Así las cosas, la última declaración jurada de Aranguren se sumará a la causa penal que se abrió en su contra el mes pasado. El 20 de mayo, el ministro y accionista de Shell fue imputado por presuntas “negociaciones incompatibles con la función pública”. La denuncia que presentaron los diputados por el FPV Martín Doñate y Rodolfo Tailhade –y adelantó Veintitrés– sostiene que el mentor de los tarifazos se benefició económicamente con decisiones de gestión que tomó en el sector energético. La difusión de su nueva declaración jurada y la confirmación de que aún posee acciones de la petrolera angloholandesa arrojaron más combustible al fuego. Además, los denunciantes aseguran que el ministro no se abstuvo de intervenir en decisiones en las cuales se vio beneficiada la multinacional de la que es socio.

Ética pública

“Es incompatible con el ejercicio de la función pública (…) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”, especifica el artículo 13 de la Ley de Ética Pública. El artículo 15 añade que si a la hora de ser designado el funcionario está alcanzado por alguna de las incompatibilidades mencionadas, debe “renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo” o “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”. Como titular de la cartera de Energía y Minería, Aranguren define la política del sector al que estuvo vinculado por los últimos 37 años: no sólo es accionista de la casa central de Shell. Fue CEO de la filial local (Shell Compañía Argentina de Petróleo SA) desde 2003 hasta el 30 de junio del año pasado, cuando también abandonó la vicepresidencia de Suministros para América Latina. Está vinculado a la multinacional desde 1979.

“Maneja una cartera vinculada directamente con la actividad que desempeñó y en la que tiene acciones. Hay un conflicto de interés real. Es una cuestión objetiva”, explicó Germán Emanuele, de Poder Ciudadano, a Veintitrés. “Es incompatible. Ser accionista es más grave incluso que ser director: es dueño de parte de la sociedad”, señaló.

Por eso, para el integrante de Poder Ciudadano, Aranguren como mínimo “se tiene que abstener. Aunque la situación es compleja. Él se abstiene y firma otro que puede recibir órdenes del propio ministro. Hay una relación directa entre un secretario y su ministro”.
Para Emanuele es necesario “interpretar el espíritu de la Ley de Ética Pública” ya que para cuestiones como las de Aranguren “no es muy clara” y hay grises: “Se apunta a que los funcionarios se manejen con la mayor ética posible. Deben tener la obligación de respetar ciertas pautas éticas”. Acto seguido, explicó que la Oficina Anticorrupción es “la que se tiene que encargar de la prevención de estos hechos. Debe definir si hay un conflicto potencial o real. En muchos países hay un comité de ética por ministerio que analiza la situación que se va planteando”. Durante la actual gestión, la OA es dirigida por Laura Alonso, ex diputada por el Pro y ex titular de Poder Ciudadano, quien aún no se manifestó públicamente sobre el tema.

 

Una cuestión de fe

“No hay incompatibilidad. Aranguren se abstiene de intervenir en todo lo que es la regulación vinculada a Shell”, afirmó a esta revista el vocero del ministro, Alejandro Bianchi. Según Bianchi, quienes firman esas resoluciones son el subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, o el subsecretario de Coordinación Administrativa, Sebastián Scheimberg. “Si la cuestión tiene más envergadura, se deriva a la Jefatura de Gabinete”, adujo.

Acto seguido, el vocero confirmó que Aranguren “no tiene pensado dejar esas acciones. Se las dieron como parte de su sueldo. Las tiene desde 2008. Es algo público y ya se había informado a la Oficina Anticorrupción. Cuando asumió presentó su declaración jurada y eso ya figuraba”, dijo e interpeló al órgano que dirige Laura Alonso. Consultados por esta revista, desde la OA informaron que “no tienen nada para decir sobre el caso, por ahora”.
Respecto de la presión que pudiese ejercer el ministro sobre sus secretarios, Bianchi indicó: “Es cierto lo de la zona gris pero doy fe de que Aranguren no intervino en ninguna resolución que involucra a Shell. Doy garantía de que no se mete ni presiona a sus secretarios”. Pero los denunciantes sostienen lo contrario y citan como ejemplo la resolución 99/2016 en la que Aranguren puso un techo del 400 por ciento al tarifazo: allí ratificó diversas resoluciones que beneficiarían a Shell y fueron cuestionadas en la Justicia.

La vía penal

En paralelo a la discusión ética, corre una causa penal en la que se investiga si para la Justicia Aranguren cometió algún delito en el ejercicio de sus funciones por ser accionista de la casa matriz de Shell. Ocurre que el ministro de Energía y Minería tiene a su cargo la regulación del mercado energético. Se investiga si cometió negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, si violó de deberes de funcionario público o si defraudó al Estado.

La denuncia penal fue iniciada por los diputados del FPV Martín Doñate y Rodolfo Tailhade y además de Aranguren también incluye al subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik, y al secretario de Combustibles, José Luis Sureda. El 20 de mayo pasado, el fiscal Carlos Stornelli imputó al ministro.

Según la acusación –que se realizó antes de conocerse la DJ 2015–, el ministro y accionista petrolero favoreció a Shell Compañía Argentina de Petróleo y a su casa matriz RDS mediante el aumento de las tarifas de gas, la compra de gas a Chile y las operaciones de importación de gasoil, todas medidas tomadas bajo su gestión. Al favorecer a la firma de la que es accionista, se habría favorecido a él mismo: “Mientras el valor de RDS (casa matriz de Shell) fluctúa con la actividad de la empresa, mientras la empresa acreciente su actividad y se mantenga como líder en el mercado, el patrimonio del ministro ex CEO también crecerá”, deducen los denunciantes.

Para esclarecer los hechos, Stornelli consideró pertinente “incautar documentación” referente a la materia denunciada tanto en el Ministerio de Energía y Minería como en el Enargas y Enarsa. Se esperan novedades. Y no se descartan allanamientos.

A pesar del puntapié inicial que le dio a la acusación, no faltan quienes dudan sobre el desarrollo que Stornelli le dará a la investigación. Son conocidos sus vínculos con el macrismo. Por caso, fue jefe de Estadio y Seguridad Deportiva del club Boca Juniors durante el primer mandato presidencial de Daniel “Tano” Angelici, operador judicial y amigo personal de Mauricio Macri.

Tomando vuelo

Como si esto fuera poco, en la víspera de que se hiciera pública la declaración jurada de Aranguren, se realizó un pedido de informes en el Congreso para conocer “los fundamentos normativos y técnicos a través de los cuales” Shell está proveyendo de combustible a la flota de aeronaves de Aerolíneas Argentinas. Se trata de un eslabón más en la cadena de sospechas que recaen sobre el funcionario. Este hecho puntual es novedoso y no integra, al menos hasta el cierre de esta edición, la causa en la que el ministro está siendo investigado.

En la presentación se solicita que se informen los “motivos del incumplimiento del decreto presidencial Nº 1189/12.2”, que establece que es YPF la encargada de proveer combustible a la flota aérea de AA. También se pide “información circunstanciada de la licitación, si hubiera existido, y en caso afirmativo quiénes se presentaron y contenido de sus respectivas ofertas” así como el “criterio de selección y modalidad de contratación utilizado para la designación de Shell como proveedora de combustibles para las aeronaves”. Finalmente, se requiere la “evaluación y diferencia tarifaria entre Shell y otros oferentes, en particular con la empresa estatal YPF”.

La senadora por el FPV Silvina García Larraburu, impulsora del pedido al Poder Ejecutivo, consideró “un despropósito que una empresa de capital extranjero esté proveyendo combustible a nuestra aerolínea, ya que contamos con YPF, la petrolera de bandera nacional”, remarcó. “Espero que no se trate de otro acuerdo financiero con las empresas que están detrás del Ejecutivo. Aranguren fue CEO y es accionista de Shell, no se trata del primer negocio que ha hecho, recordemos la compra de gas a Chile o las 7 de 8 licitaciones de barcos de gasoil que se llevó la misma firma”, añadió.

Haciendo equilibrio sobre un hilo

Aranguren sabe que es el ministro más cuestionado del Gobierno. Entre sus principales adversarios internos se cuenta el titular de la cartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, con quien mantuvo un cruce elevado de tono en los últimos días. El rumor de que el ex CEO y accionista de Shell dejaría su cargo se expandió como reguero de nafta hasta que el propio Mauricio Macri lo respaldó públicamente el 6 de junio, en dos ocasiones, y aplacó los comentarios de pasillo. Pero las dudas en torno de la figura del ministro de Energía y Minería aún se pasean como fantasmas por la Casa Rosada y nadie se anima a dar por terminados los cortocircuitos que afectan al mentor de los tarifazos.

Link: http://www.veintitres.com.ar/article/details/65825/aranguren-el-equilibrista

Una caja de pandora

En el marco de la causa conocida como “Panama Papers”, el 2 de junio se publicó en la revista Veintitrés un artículo que escribí sobre las declaraciones juradas que presentó el presidente Mauricio Macri ante la Oficina Anticorrupción y el fisco: estaban repletas de incongruencias. Aportaban más dudas que certezas. Por ese motivo, el diputado Darío Martínez amplió su denuncia en el expediente en el que se investiga si el jefe de estado lavó dinero y evadió impuestos durante su ¿pasado? empresario.

***
La causa judicial que se abrió para investigar al presidente Mauricio Macri, luego de la filtración de los “Panama Papers”, es una caja de Pandora. El expediente, en el cual el jefe de Estado está imputado por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada (DJ), suma nuevos elementos: el 1 de junio se presentó una ampliación de la acusación ante el fiscal federal Federico Delgado, en el que se destacan diversas desprolijidades cometidas por Macri en sucesivas DD.JJ. desde que asumió como diputado nacional, en diciembre de 2005, hasta la fecha. La inconsistente valuación de bienes y dudosos movimientos financieros en los que estaría involucrado un banco suizo cuestionado internacionalmente por ayudar a sus clientes a evadir impuestos se suman a la omisión de las firmas offshore Fleg Trading y Kagemusha en las presentaciones que hizo el primer mandatario ante la Oficina Anticorrupción (OA) y el fisco.

La ampliación de la denuncia, realizada por el diputado nacional del FPV-PJ Darío Martínez, se centra en la penúltima declaración jurada de Macri. Se trata de un documento que presentó en plena campaña electoral. Data del 29 de septiembre del año pasado y abarca el ejercicio fiscal de 2014. La información allí vertida se resignifica con las novedades que surgen del expediente que se abrió en tribunales luego de la difusión de los archivos del estudio Mossack Fonseca que involucran al Presidente. Por caso, en simultáneo con la flamante presentación se hizo público que el juez federal a cargo de la causa, Sebastián Casanello, expandió la investigación sobre Macri al solicitar a la OA y a la Inspección General de Justicia información sobre sociedades que hasta ahora no estaban bajo la lupa judicial.

Millones en Bahamas y un banco polémico

En su última declaración jurada, correspondiente al período fiscal 2015 y presentada el 24 de mayo pasado, Macri sorprendió al declarar que tiene, desde 2015, 18,7 millones de pesos radicados en la guarida fiscal de Bahamas. Menos asombro causó su anuncio de que repatriaría esos fondos a la Argentina. El dato ganó el centro de la escena porque acontece luego de que en los “Panama Papers” se revelara que el Presidente fue director de la empresa Fleg Trading Ltd. radicada en el archipiélago ubicado en el Océano Atlántico y que nunca fue declarada.
El seguimiento de los 18 millones de pesos que realizó Martínez y su equipo de trabajo a través de las últimas DD.JJ. del líder del Pro arroja el siguiente itinerario: al final del 2014, Macri declara tener un depósito en dólares en los Estados Unidos equivalente a 10.442.018 pesos y otro en Suiza por 7.585.338 pesos. En total suman 18.027.356 pesos. En la siguiente y última DJ esos montos desaparecen. Por el contrario, el jefe de Estado declara tener un depósito de 18.719.004 pesos en un banco de Bahamas.

“Como simple especulación observamos que este depósito se declara después de que fueran librados exhortos a diversos países (entre ellos Bahamas) solicitando se informe de cuentas del ingeniero Macri. Y ante la imposibilidad de tapar lo evidente, se decide declararlo en el lugar que (suponemos) estuvo siempre, Nassau Bahamas, donde el grupo Macri no sólo constituyó Fleg Trading Ltd. sino que además mantuvo cuentas y operaciones”, se especifica en la ampliación de la denuncia.

El 30 de mayo pasado, en la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, el primer mandatario ensayó una explicación: dijo que esa cuenta en Bahamas se debe a que el banco Merrill Lynch (donde, se deduce, tendría sus depósitos) fue comprado por el banco suizo Julius Bär. Se trata del “mismo dinero que tenía depositado en Estados Unidos y Suiza con Merrill Lynch –afirmó–. Lo que sucedió es que Julius Bär compró Merrill Lynch y cambió su domicilio a Bahamas. Es solo un cambio legal de su agente financiero. Siempre estuvieron en el mismo banco”, sentenció.

“Macri vuelve a repetir inconsistencias porque el año pasado declaró que las cuentas estaban en EE.UU. y Suiza y Julius Bär compró Merrill Lynch en agosto del 2012. Julius Bär es un banco suizo cuestionado internacionalmente por ayudar a sus clientes a evadir impuestos, que le costó una demanda del Tesoro de EE.UU. Y que además está vinculado al escándalo de los sobornos de la FIFA”, se especifica en la ampliación de la acusación. “Además hay que destacar que si bien cambió de propietario, Merrill Lynch sigue activo con todas sus sucursales bancarias en Nueva York y las grandes urbes del mundo. Y Julius Bär mantiene su sede en Suiza, por lo cual no existe ninguna razón entendible en el sistema bancario para que ‘por decisión’ de un banco se muden cuentas corrientes de un país a otro. Máxime sacar dinero de EE.UU. y Suiza para llevarlo a un sitio tan poco respetable como la ‘guarida fiscal’ de Bahamas”, se añade. Ante este escenario, Martínez pidió al fiscal que se libre un exhorto a Bahamas “solicitando información bancaria sobre cuentas” de Macri “en Citibank y demás entidades financieras, su estado de cuenta y sus movimientos desde 1995 a la fecha”.

A todo esto, el denunciante aclara que Macri estaría alcanzado por la legislación internacional y si “en algún momento del 2006 a la fecha abrió cuentas en el exterior, de acuerdo a lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York el 31 de octubre de 2003, el Banco suscriptor debió realizar un Reporte de Actividad Sospechosa (RFT1)”.

Números que no cierran

En la nueva acusación se vuelve a poner el foco en las acciones que Macri poseía en la firma Yacylec. En la DJ de 2014 figura un porcentaje accionario del 0,01% y ningún valor monetario.  En este caso, su estrategia se vio frustrada por una publicación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que en febrero pasado autorizó a Macri la transferencia de 5,33% de acciones clases A y B de la transportadora de electricidad en alta tensión. Esta maniobra dejó al descubierto que el ingeniero declaró poseer un valor accionario menor al que terminó transfiriendo.

En la ampliación de la denuncia también se resalta que en su nueva DJ, Macri además de suscribir que posee el 0,01 por ciento de la titularidad de Yacylec, al inicio del 2015 declara un importe de 0,01 pesos. Lo llamativo es que al final de 2015, con el mismo porcentaje de titularidad de la empresa, el importe asciende a 2.503.000 pesos. “Pareciera que durante 2015 ‘compró’ acciones en Yacylec por 2,5 millones”, apunta Martínez en su presentación. Y agrega que “lo expuesto no tiene una explicación lógica de nuestra parte; porque es tal la inconsistencia manifestada en estas DD.JJ. que es imposible darles un sentido lógico”. En la misma línea se manifestó la dirigente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, quien incluyó este hecho en su denuncia contra Macri por presunto enriquecimiento ilícito, que presentó en tribunales el 30 de mayo pasado. La acusación recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos y destaca que el referente de Cambiemos incrementó su patrimonio neto un 124 por ciento en un año.

¿Ventas fantasma?

En su penúltima DJ, el ex jefe de gobierno porteño repite las desprolijidades. La firma Macri Investment Group figura como bien al inicio del 2014 pero con cero pesos. Para el denunciante se habría omitido información ya que “esta sociedad participaba del negocio de Pago Fácil en Brasil a través de acciones en Global Collection (AR) y en 2007 cobró parte de los 35 millones de dólares de la venta a Western Union”. Al cierre de la misma DJ, Macri no inscribió a la mentada empresa. “Es de suponer que entonces el Sr. Macri vendió su participación pero en ningún lado aparece el ingreso correspondiente a esa venta”, se precisa. Con Socma Americana SA sucedió algo similar en la misma DJ. Se trata de una firma que integró el entramado empresario del Grupo Macri que desembarcó en Brasil para realizar negocios. Según pudo saber esta revista, en la próxima semana podría haber nuevos aportes de pruebas que comprometan aún más a Macri en lo que respecta al negocio familiar en el país vecino.

Todo al doble cero

También en la DJ 2014, el Presidente inscribió 11 sociedades valuadas en 0,00 pesos entre las que se destacan Socma Carnicos SA y E Costa SA. “Macri declara que la mayoría de estas empresas ingresaron a su patrimonio en el año 2001. Sin embargo en sus DD.JJ. 2006 en adelante, no aparecen declaradas”, señala el denunciante. El Presidente podrá alegar que las vendió pero debiera declarar el resultado de esa transacción. Por eso, para Martínez “esto solo bastaría para probar con su reconocimiento la omisión maliciosa en sus DD.JJ. desde 2006 a la fecha. Un acto irregular continuado hasta hoy”. La afirmación no es azarosa. El Código Penal prevé desde quince días hasta dos años de prisión e “inhabilitación especial perpetua” para quien omita maliciosamente o falsee información en sus respectivas declaraciones juradas, una documentación que los funcionarios están obligados a presentar por ley.

Preparando el terreno

En la DD.JJ. 2014, que Macri presentó en medio de su carrera hacia la Casa Rosada, declaró tener un “terreno” en Tandil adquirido el 15 de noviembre de 2010. Lo curioso es la variación de la superficie de ese lote y su valor económico. La desprolijidad es evidente: al inicio de 2014, la superficie declarada es de 510 hectáreas y el valor 525.916 pesos. Al final del año, la superficie registrada pasa a ser de 5100 hectáreas y su valor a 657.394 pesos. En su DJ 2015, el terreno pasa a tener 0,5 hectáreas. No obstante, el valor al inicio del período sigue siendo el mismo mientras que al final vuelve a ser medio millón de pesos. Un enredo. El denunciante agrega que el “terreno” está subvalorado en cualquiera de las hipótesis de superficies cotejadas. A precios de mercado, estima que debiera valer: 30 millones de pesos (según la cotización del dólar al 2014) si fuese un campo de 510 ha y 4,7 millones de pesos si fuera un lote de media hectárea.

De remate

Macri declaró haber adquirido en 2011 un departamento en Capital Federal de 370 m2 por el que dice haber pagado 1.233.000 pesos. De acuerdo con la denuncia, “con un dólar oficial de $ 4,32 en el 2011, el departamento se compró en 283.000 dólares. Esa suma dividida por 370 m2 nos da un valor de 765 dólares el m2”. Un precio de remate si se trata (como estima el denunciante) del departamento que Macri posee en Libertador y Cavia y que tras mudarse a la Quinta de Olivos habría alquilado a su amigo y jefe de la ex SIDE, Gustavo Hector Arribas. De acuerdo con Martínez, el valor del metro cuadrado en esa zona es de 7 mil dólares el metro cuadrado. Martínez estimó que la propiedad en pesos a 2011 (dólar oficial a 4,32 pesos) valdría “6.393.000 pesos, y en pesos a 2014 (con el dólar a 8,58 pesos) 12.698.000 pesos. Números bastante lejanos del modesto millón doscientos mil pesos que dice vale su departamento” .

 

Link: http://www.veintitres.com.ar/article/details/64802/una-caja-de-pandora

 

Lorenzetti, camino al Vaticano

El 26 de mayo publiqué en la revista Veintitrés un artículo a propósito del viaje de jueces federales al Vaticano. La excusa era una Cumbre sobre Trata de Personas y crimen organizado. Lorenzetti encabezó aquella comitiva y logró, finalmente, la foto con Francisco. Las disputas internas y la influencia del Papa en la política doméstica.

***

Una nueva controversia entre el Gobierno Nacional y el papa Francisco asoma en el horizonte. Los próximos 3 y 4 de junio, en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, se realizará una “Cumbre de los jueces sobre la Trata de Personas y el Crimen Organizado” de la que participará una veintena de magistrados y funcionarios judiciales argentinos, entre los que se destaca el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. La diputada nacional e integrante de la alianza Cambiemos, Elisa Carrió, salió al cruce del evento y tensó una vez más la relación de la Casa Rosada con el Vaticano: “Yo hago Política no Religión, los que hacen Religión que hagan Religión, no Política”, tuiteó “Lilita” el pasado 16 de mayo (ver recuadro). Aquel día, a propósito del evento que se realizará en los próximos días, la diputada fustigó por las redes sociales: “Gustavo Vera me dijo que representa al Papa. A través de Lorenzetti está reclutando gente para ir a congresos para ver a @Pontifex_es”.

“El deseo del papa Francisco es empoderar a los jueces para que tomen cabal conciencia de su insustituible misión frente a los desafíos de la globalización de la indiferencia”, explica en la Introducción al programa de la cumbre el canciller de la Academia, el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, uno de los organizadores del encuentro. En una entrevista publicada en el diario La Nación el domingo pasado, Sánchez Sorondo señaló que “hemos invitado a jueces de todo el mundo”, por eso “lo que es curioso es que alguien, de alguna manera cercana al Gobierno, esté criticando al Papa por una acción en la que deberían estar interesados todos los gobiernos, porque el Papa en definitiva está ayudando a realizar el bien común”.

“Los operadores para llevar jueces a Roma me parecen un horror, esta manipulación política me parece un horror”, había sostenido Carrió en declaraciones a Radio Mitre a propósito del cónclave. “Yo estoy en contra de todos los operadores, ya sean (Enrique Coti) Nosiglia, la SIDE, el Papa o el Gobierno”, completó la diputada. La integrante de la alianza de gobierno ataca y tiene la libertad para hacerlo. Desde el Ejecutivo no la cuestionan públicamente y de esa manera legitiman sus palabras (ver aparte). Así lo entienden en el Vaticano, donde lamentan que en la Casa Rosada nadie le salga al cruce.

La Cumbre

A las 8.30 de la mañana del 3 de junio, en la Casina Pío IV, sede de la Academia ubicada en el complejo de Santa Marta, Sánchez Sorondo dará la bienvenida a los aproximadamente 130 invitados. Entre los 22 integrantes de la delegación nacional, 17 expondrán. Tal será el caso de Lorenzetti y los jueces federales con despacho en Comodoro Py como Sebastián Casanello, Julián Ercolini, María Romilda Servini de Cubría, Sergio Torres y Ariel Lijo. Habrá otros cinco connacionales que irán como “observadores”. La legión argentina tendrá un peso relevante: logró la mayor cantidad de oradores, con casi el 25 por ciento del total (72 oradores).

Fuentes de la organización de la cumbre afirmaron que de los inscriptos “por ahora sólo manifestó que no viajará el fiscal federal Federico Delgado. Ninguno de los jueces a los que les cursamos invitación nos dijo que no viajará. Es más, nos llamaron jueces y camaristas para ver si podían ir”. El presidente del Alto Tribunal se encargó de promocionar su estadía en el Vaticano al publicar en el Centro de Información Judicial una gacetilla con el programa del coloquio y el título: “Lorenzetti participará en el Vaticano de una cumbre de jueces sobre Trata de Personas y Crimen Organizado”.

Sin dudas, la cumbre que se organizó desde el Vaticano es un evento político. Y Lorenzetti lo sabe. La modificación del primer programa del evento evidencia la preocupación de algunos de los invitados por el lugar relegado que ocupaban en el cronograma. Tal es el caso del ministro cortesano, quien en la primera versión figuraba cerrando el panel de “Crimen Organizado”, que se desarrollará el sábado 4 de junio, detrás de 15 expositores. Estaba pautado que hablase 15 minutos sobre “El rol de la Corte Suprema de Argentina en materia de narcotráfico” luego de que disertara la colombiana Sandra Ramires Montes, quien tenía tres cuartos de hora para explayarse. En la segunda y definitiva versión del cronograma, el presidente del Alto Tribunal figura abriendo el panel, por encima de todos los jueces fedrales de Comodoro Py. Mantiene el tema y el tiempo de disertación.

El día previo, expondrán cinco argentinos: Sánchez Sorondo y el legislador porteño Gustavo Vera, quienes en distintas escalas son los organizadores del evento; el juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti; la integrante del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y titular de la Asociación de Mujeres Juezas, Susana Medina de Rizzo; y el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato.
Es sabido que una fotografía junto al jefe de la Iglesia Católica cotiza en alza en la política argentina. En los pasillos de Tribunales circula la versión de que el presidente de la Corte desea hace mucho tiempo esa instantánea. Nunca obtuvo una audiencia. Desde su círculo informan que jamás la pidió. Otras fuentes dicen lo contrario. Lo cierto es que tras la cumbre Lorenzetti tendrá la posibilidad de lograr la fotografía. En un principio, no será a solas. En el marco de la visita institucional, Francisco recibirá por 45 minutos a la delegación de más de 20 invitados argentinos.

En julio del año pasado, el Vaticano organizó una cumbre similar pero con alcaldes de diversas ciudades. Se dirigieron a Roma líderes de las localidades más importantes del mundo. El que brilló por su ausencia fue Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de de Buenos Aires. Sánchez Sorondo recordó aquel faltazo de Macri en su respuesta a las críticas de Cambiemos, el domingo pasado ante La Nación: “Invitamos al alcalde pero no vino porque dijo que estaba en campaña electoral. Lo sentimos mucho, porque tampoco mandaron una delegación importante y fue una cosa un poco curiosa porque el Papa es de Buenos Aires”.

Desde entonces, las relaciones entre el Vaticano y el ahora presidente nunca se encauzaron.

La interna y el Papa

Bergoglio sabe que cada encuentro que protagoniza en el Vaticano con un argentino tiene inmediata repercusión en el país. “Es consciente de eso pero también está como un poco más allá”, explican. Lo cierto es que el 4 de mayo pasado, Francisco recibió en su audiencia de los miércoles, luego de la homilía, a un grupo de jueces penales nacionales encabezados por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, referente del espacio Justicia Legítima. Entre sonrisas y gestos afectuosos dialogó durante veinticinco minutos con los argentinos y recibió de parte de ellos un crucifijo de madera enviado por las mujeres detenidas en la cárcel de Ezeiza. El intercambio se centró en las preocupaciones compartidas por los presos y su reinserción social, temática abordada por el Papa en más de un mensaje, sobre todo en la actualidad, Año de la Misericordia para el catolicismo.

El gesto no pasó desapercibido para la comitiva judicial que a comienzos de junio llegará al Vaticano.

 

RECUADRO

La procesión va por dentro (de cambiemos)

La decisión de un sector del gobierno de Mauricio Macri de confrontar con el papa Francisco provocó una interna en el seno de la alianza Cambiemos. El ala dura, encabezada por la diputada nacional Elisa Carrió, choca contra la moderada que tiene entre sus figuras al presidente provisional del senado, Federico Pinedo.

Los cuestionamientos que recibe el jefe de la Iglesia Católica en la Argentina no pasan desapercibidos en Roma. Fiel reflejo de ello, el domingo último el Vaticano decidió contestar las críticas que recibió Francisco. El arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo afirmó ante el diario La Nación que “es un escándalo que en la Argentina no apoyen al Papa”. Y apuntó directamente contra “Lilita”, quien hace propios los pensamientos de varios integrantes del gabinete nacional.

Carrió es la principal espada que utiliza el Gobierno para atacar a Francisco. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja, fustiga asiduamente al Santo Padre, como lo hizo el 16 de mayo, cuando criticó un evento que organiza el Vaticano para el 3 y 4 de junio, en Roma, del que participarán jueces argentinos entre los que se destaca el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti (ver nota principal).

Cuatro días antes, el 12 el mayo, “Lilita” le dedicó otros 140 caracteres a Francisco: “Como cristiana siento vergüenza ajena de que el Papa no haya recibido a Margarita Barrientos. Gracias a Dios siempre me negué a ir al Vaticano”.

La tensión entre un sector de la alianza de gobierno y el Vaticano se retrotrae al verano cuando, en febrero, Carrió subió una breve declaración a Facebook luego de que se conociera que el Sumo Pontífice le había enviado un rosario a la militante social Milagro Sala, detenida en forma irregular. Entonces, sostuvo: “Este es un llamado desesperado a la no violencia. Es sumamente peligroso alimentar la violencia, sobre todo desde el plano espiritual. Hay que defender al presidente de la Nación, que busca la pacificación y que fue electo por vía democrática, es preciso no generar confusión. Espero en los Obispos de Argentina, ya no en el Papa. A Roma no voy”, sentenció. Su fastidio era el de muchos otros.

Por caso, hasta el filósofo y asesor presidencial Alejandro Rozitchner, señaló que Francisco le parece “demasiado católico”. “Pareciera que el Papa molesta”, afirmó a Veintitrés el ex embajador ante el Vaticano, Eduardo Váldes, quien trabaja para que el año próximo el Sumo Pontífice visite la Argentina.

Para tranquilidad del Vaticano, la postura de enfrentar abiertamente al Papa no es homogénea en Cambiemos. Un sector más moderado tiende puentes.

Dentro de la Legislatura porteña, uno de los principales dialoguistas es el macrista Omar Abboud. Su postura se replica a nivel nacional incluso en la órbita ministerial. Ejemplo de eso es que el viernes 20 de mayo se realizó un evento en la Iglesia San Francisco, de la Capital Federal, con motivo de cumplirse el primer aniversario de la presentación de la encíclica Laudato Si. El encuentro se realizó bajo el lema “Francisco es puente” y participaron el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el ministro de Educación, Esteban Bullrich. El cónclave fue pluripartidario, por lo que también dijeron presente el diputado Felipe Solá; el ex embajador ante el Vaticano y diputado del Parlasur, Eduardo Valdés; el legislador porteño Gustavo Vera y varios intendentes del conurbano bonaerense. Los presentes manifestaron su respeto al jefe de la Iglesia Católica, firmaron un documento de respaldo a la encíclica y consideraron a Francisco como “el mayor constructor de Puentes y destructor de muros”.

En el gobierno, claro, no todos opinan lo mismo. Pero la procesión, por ahora, va por dentro (del partido).

 

El DATO

Desde la Academia Pontificia estudian convocar a un nuevo encuentro que gire en torno de la problemática del narcotráfico para mediados de noviembre.

 

Link: http://www.veintitres.com.ar/article/details/63836/justicia-divina

Aranguren, de los dos lados del mostrador (parte I)

El 19 de mayo escribí en Veintitrés una nota sobre el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y su declaración jurada 2015. En la mentada presentación, se revela que el funcionario era, al menos hasta el 31 de diciembre de 2014, accionista de la casa matriz de Shell (entonces poseía títulos por un valor de 13 millones de pesos). En este artículo cuento las medidas que se tomaron desde su cartera y beneficiaron a la empresa de la que es socio. Un mes después de publicado este texto en el semanario, se conoció la última declaración jurada del ex CEO de Shell Argentina que ratificó lo denunciado. Es más: sus títulos en la multinacional aumentaron su valor y alcanzaron los 16 millones de pesos (ver más arriba).

***

Una denuncia penal presentada en los tribunales federales de Comodoro Py produjo un cortocircuito en el Ministerio de Energía y Minería cuyas consecuencias aún son inciertas. El titular de la cartera, Juan José Aranguren, fue acusado de “negociaciones incompatibles con la función pública” por beneficiar con una serie de medidas a la petrolera Shell, con la que mantiene más de un vínculo: el ministro fue CEO de la filial local desde 2003 hasta el 30 de junio del año pasado y, según el escrito, aún hoy posee 46.451 acciones “clase A” del Grupo Royal Dutch Shell Plc (RDS), la casa matriz de la multinacional.

De acuerdo a los denunciantes Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, diputados nacionales por el Frente para la Victoria, las acciones de Shell que posee el ministro, cuyo valor fluctúa con la actividad de la empresa, cotizaban al 31 de diciembre de 2014 a más de 13 millones de pesos. La referencia es la declaración jurada de aquel entonces del actual funcionario. “El ministro ex CEO debió, cuanto menos, haberse abstenido de intervenir en las decisiones que favorecieron enormemente a Shell Compañía Argentina de Petróleo, y a su casa matriz RDS, esto es, las resoluciones 28/16 y 31/16 de aumento de las tarifas de gas, la compra de gas a Chile y las operaciones de importación de gasoil, y lejos de ello determinó al Estado nacional a concretar esos negocios que redundan en beneficio personal por su tenencia accionaria de la compañía favorecida”, se especifica en la ampliación de la denuncia que se realizó el 17 de mayo pasado. El caso es investigado por el juez federal Luis Rodríguez.

Las medidas que tomó Aranguren y que beneficiarían a Shell (y por ende a él mismo por ser accionista) fueron:

  • Aumento de tarifas del gas: a través de la resolución 28/16 el Ministerio de Energía y Minería aumentó las tarifas de gas, “incrementando el valor de lo pagado a los productores”. Se trata del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que llegó “hasta uno de los valores más altos del mundo”. De acuerdo a los denunciantes, el ministro no tenía competencia para definir esa alza de precios. No contento con ello, bajo la excusa de un “sinceramiento tarifario”, Aranguren autorizó la modificación de las tarifas al Enargas y golpeó de lleno en el bolsillo de los ciudadanos.
  • Importación de gasoil: de ocho barcos que importan gasoil, siete son de Shell, por lo que se pidió investigar esa operación.
  • Compra de gas a Chile: Aranguren decidió importar gas por el puerto de Chile en lugar de las vías que ya estaban en uso como el gasoducto con Bolivia. “Tenemos que el total de la compra de gas a Chile se habría concretado a través de dos contratos distintos que se complementan. Por un lado, el denunciado en el escrito original, firmado entre Enarsa y Sol Gas, por 22 millones de dólares para el suministro de 86 millones de metros cúbicos a entregar entre los meses de mayo y agosto (…); y por otro, el contrato suscripto entre Enarsa y Enap, por un total de 73,4 millones dólares para el suministro de 276 millones de metros cúbicos, siendo 7,2 dólares el precio del millón de BTU”. Se está pagando el gas un 128 por ciento más caro que el importado de Bolivia, que se abona 3,02 dólares por MBTU. Esto “es perjudicial para los intereses de la República Argentina” y sería beneficioso para Shell. Por un lado, porque Sol Gas integra el grupo GDF Suez, que tiene emprendimientos en común con RDS en Noruega e India. Por otro, vía “BG Global Energy Limited, ya que la misma es la mayor proveedora de GNL Chile SA, gas que ahora comprará la Argentina”. A través de sus contratos con GNL Chile SA, BG (que fue absorbida por Shell) provee gas natural a Enap (la par chilena de Enarsa). Como Aranguren detenta la titularidad de las acciones del Estado nacional en Enarsa, para los denunciantes el contrato entre Enarsa y Enap “garantiza un inescrupuloso negociado en beneficio propio” para el ministro. La razón que esgrimió Aranguren para importar gas desde Chile fue que “Bolivia no tiene más gas, no puede vender más gas”. Fue desmentido por el propio ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Luis Alberto Sánchez.

El conflicto de intereses es evidente: “Mientras el valor de RDS fluctúa con la actividad de la empresa, mientras la empresa acreciente su actividad y se mantenga como líder en el mercado, el patrimonio del ministro ex CEO también crecerá”, deducen los denunciantes. Y ese posicionamiento en el mercado local de Shell está atado a las medidas que tome Aranguren para el sector.

 

RECUADRO

Macri y Panamá

El 17 de mayo fue un día agitado en Comodoro Py. No solo desfiló el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández por los tribunales federales. Lejos de los flashes y de las cámaras, ese mismo día se ampliaron dos denuncias que preocupan, y mucho, a la actual gestión: la que apunta contra el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y la que compromete al presidente Mauricio Macri por presunto lavado de dinero, develada en la filtración conocida como Panamá Papers. Ese día declaró en la fiscalía federal a cargo de Federico Delgado el diputado nacional por el FPV-PJ Darío Martínez, impulsor de la denuncia contra el jefe de Estado. Y aportó nuevas pruebas. Por caso, presentó los registros de la Junta de Comercio del estado brasileño de San Pablo en que aparecen numerosos movimientos de la empresa Fleg Trading Ltd, una de las dos firmas offshore que Panamá Papers vinculó al presidente Macri. El jefe de Estado había asegurado que esa empresa, radicada en la guarida fiscal de Bahamas, no registraba movimientos. Pero el denunciante demostró lo contrario al revelar una ingeniosa arquitectura financiera por la que Fleg Trading pagó 9.341.000 dólares a la firma del grupo familiar Socma Americana. Martínez incluso aportó un acta de asamblea de accionistas en la que se decidió cambiar el nombre de una de las tantas empresas involucradas en la maniobra financiera: Grumafra Inversora SA pasó a llamarse Socma SA, que estuvo vinculada a Fleg Trading. La asamblea se realizó en 1996 y fue presidida por el propio Mauricio Macri.

 

El elegido de Cristina

El 21 de abril se publicó en la revista Veintitrés una entrevista que le realicé en su casa al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni. En un diálogo que se extendió por casi una hora conversamos sobre su asesoramiento legal a Cristina Fernández en la causa por el dólar futuro, la justicia en la era macrista, las firmas off shore a las que está vinculado el actual jefe de estado y la situación política que atraviesa Brasil.

 

Rodeado de libros en la imponente biblioteca que levantó en su casa de Flores, el barrio porteño en el que transcurrió casi toda su vida, el prestigioso jurista Eugenio Raúl Zaffaroni analiza ante Veintitrés la situación del Poder Judicial en la era macrista. Para el integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex ministro de la Corte Suprema, el país está atravesando “una situación de caos institucional” porque “el Poder Ejecutivo maneja los tres poderes del Estado”. “Esto es el desguace de la República”, sentencia. Respecto de la causa por el dólar futuro en la que fue indagada la ex presidenta Cristina Fernández, asegura: “De jurídico, no tiene nada. Es una causa política”. Zaffaroni acompañó a Cristina a declarar el 13 de abril pasado y junto al profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal (UBA) Julio Maier, colaboró en la defensa. Ambos trabajaron la estrategia judicial con el abogado Carlos Beraldi.

“No quise firmar porque tengo un pequeño problema con el Colegio de abogados. Yo defendí a (el juez) Axel López. Y un denunciante crónico dijo que estaba violando la inhabilidad por dos años que tenemos los jueces. No es cierto. Primero que yo fui al colegio, solicité la matrícula y me la rehabilitaron. Se entiende que tengo una inhabilidad de dos años para ejercer en el fuero, es decir, en la Corte que es el fuero extraordinario. Si se entendiera por fuero todo el fuero federal y todo el fuero nacional no sé para qué me dieron la matrícula. Si se entendiera que el fuero de la Corte abarca todo el país estaría inhabilitado para ejercer por dos años en cualquier lado. Es ridículo. Esto se esta tramitando en el Tribunal de Ética del colegio. A mí no me afecta porque no ejerzo la profesión normalmente, ni vivo de eso ni cobro. De cualquier manera la inhabilidad termina a fin de este año. No quería que en medio de la defensa, si firmaba, saliera una cosa de estas que naturalmente los medios la magnificarían y palidecerían la estrategia. Entonces preferí no firmar”, explica.

–¿Es decir que trabajó como asesor?
–Sí. Los dos que estuvimos en contacto con la defensa fuimos Julio Maier y yo. Ninguno de los dos quiso firmar.

–¿Qué conclusiones extrajo de la lectura del expediente?
–Que es un disparate. Claramente, es el inciso 7º del artículo 173 que esta copiado de los alemanes. No estaba en el texto original de nuestro código. Fue incorporado por una reforma de (el dictador Juan Carlos) Onganía, en 1968. Está copiado de un parágrafo 266 del código alemán que fue introducido por la reforma nazista de 1933 y que en Alemania se llama Untreue (infidelidad). Eso en alemán suena medio feo porque la idea de la fidelidad era una idea básica de todo el Derecho Penal Nazi. De cualquier manera los alemanes lo conservan aun hoy con ese título. Nosotros doctrinariamente desde que se introdujo lo llamamos “Administración fraudulenta”. Consiste en que el que tiene a su cargo la administración de intereses ajenos los perjudica, sea para causar daño o en beneficio propio o de terceros. Es un artículo demasiado amplio. Eso en lo que respecta a la figura abstracta. Vamos a los hechos: hay una pérdida considerable de pesos en el Banco Central de la República Argentina que se produce como resultado de operaciones con dólar a futuro. Esas operaciones son corrientes. Siempre implican un cierto grado de riesgo. Había una política de control de cambio y el cálculo era que el dólar iba a estar en un determinado precio. De pronto se cambió esa política y se pasa a una política monetaria de dólar flotante con lo cual el precio del dólar da un salto muy considerable y eso produce pérdidas en el Bcra que tiene que estar entregando los dólares ahora al precio convenido anteriormente. ¿Qué es lo que produce la pérdida al Bcra? La devaluación. En sí mismo, un cambio de política monetaria no es un delito. Pero si hay un delito lo comete la administración actual, no por el cambio de política monetaria sino porque se pudo hacer sin causar ese perjuicio: anulando los contratos a futuro, renegociándolos y, en caso de que ello fuera imposible, tampoco se necesitaba hacer la devaluación de la noche a la mañana. No se hizo nada de eso. Si hay delito y alguien lo cometió es esta administración y no Cristina. Por eso esto es un disparate. Más aún: los denunciantes no mencionan a Cristina. Tampoco el fiscal. Y directamente el que la saca de la manga es el juez.

–¿La considera una causa política?
–Obvio. Lo hablamos con Cristina. La defensa es un discurso político porque esto no tiene sentido jurídico.

–Desde que la citaron se rumorea que el juez ya tiene el procesamiento escrito…
–Y si la citaron es para procesarla. No sé qué argumento va a usar para rechazar la recusación porque la enemistad manifiesta es pública, se prueba con recortes de diarios. Se dijeron un poco de todo. De jurídico esto no tiene nada.

–¿Trabajará en otras causas que involucren a Cristina?
–No me ha hablado de las otras causas.

Consultado sobre si su rol en la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede entorpecer su labor profesional responde que “no” y que es “debido a la circunstancia financiera catastrófica que tiene la OEA, que nadie paga. Nuestra labor es ir 10 o 15 días cada dos meses y no nos pagan sueldo. Eso nos deja la profesión libre”.

Desde que dejó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Zaffaroni alterna su labor en el Tribunal Interamericano con el dictado de clases en las universidades del conurbano bonaerense, el gimnasio y los viajes. En los próximos dos meses empieza, justamente, una serie de travesías “intensas”. Entre sus próximos destinos figuran Costa Rica, sede la CIDH, Río de Janeiro y México. Todos itinerarios vinculados con su profesión. “Tengo una agenda movida. Desapareceré por un tiempo. Vendré esporádicamente al país”, dice.

–La ex jefa de Estado ya fue imputada en el caso Báez: ¿cree que se viene una avanzada judicial contra ella?
–Van a hacer de todo. Esto se hizo contra (Hipólito) Yrigoyen en el ’30, contra (Juan Domingo) Perón en el ’55, en el ’76 con el cheque de la Cruzada (de Solidaridad). Y se está haciendo contra Dilma (Rousseff) en Brasil. Esta vez la modalidad por la cual nos entran no es un golpe de Estado, no derogan ninguna Constitución por decreto, no bombardean la Plaza de Mayo, sino que nos entran por los defectos institucionales. Y entonces, el colonialismo avanza por ese lado. Un colonialismo que hoy está en manos de las corporaciones trasnacionales cuyos gerentes están sentados en los sillones de nuestros ministerios.

–¿Qué salida observa a ese laberinto y a la andanada de denuncias que pueden empezar a caer sobre la ex presidenta?
–Lo mismo que pasó siempre en todos los casos anteriores: todo terminó en nada. El hecho de esta citación disparatada deslegitima todo lo posterior. Al citarla de la forma en que lo han hecho están mostrando que lo que buscan no son verdades sino procesar a Cristina a toda costa.

–¿Adjudica el accionar al denominado partido judicial?
–No hay un partido judicial. Tampoco hay del todo una corporación. Hay un segmento del Poder Judicial que se ha “partidizado” y juega para un lado, responde a los intereses concretos de un partido. Se cree que tiene el poder. Lo ejerce de una manera totalmente arbitraria pero es un segmento. En la otra punta está Justicia Legítima, con gente más o menos cercana, que es consciente (del estado de situación). En el medio está la inmensa mayoría, una mayoría burocratizada de gente que no hace mal su trabajo, es honesta. Pero el día de mañana pagarán las consecuencias del desastre que estamos viviendo porque afectará a todo el mundo (judicial).

–¿Cómo se sale de esa “partidización”?
–No la veo. Estamos en una situación de caos institucional. Se ha desguazado la República. Hoy, el Presidente manejando nuestros impuestos, la coparticipación federal, coacciona a todos los gobernadores. Estos coaccionan a sus senadores y diputados. El Presidente está manipulando el Poder Legislativo. Puede hacer lo que quiera con la cúpula del Poder Judicial. Tenemos hoy un Poder Ejecutivo que maneja los tres poderes del Estado.

–¿No fue siempre más o menos así el manejo de la “caja”?
–Fue, sí. Y se lo hizo con cierta prudencia. Hasta que llegó uno que no tuvo ninguna prudencia. Creo que de acá en adelante hay que tener una idea fuerza, que es la de una refundación institucional de la Nación.

–Como ex juez de la Corte, ¿qué opina del intento de nombramiento de dos jueces en comisión en el Alto Tribunal?
–Fue un disparate jurídico.
–¿Y que esas dos personas acepten la propuesta, también?

–En definitiva, sí. Es una cosa que nunca se hizo. Se invoca a (Bartolomé) Mitre y no es cierto, es una mentira histórica. No hay antecedentes históricos. Pero bueno, el Poder Ejecutivo maneja el Senado y ahora puede obtener los acuerdos.

–¿Qué perspectiva de Corte podemos tener en este contexto?
–Una Corte macrista, indefectiblemente.

–¿Cómo proyecta la justicia que viene?
–Estará manipulada en considerable medida por el Poder Ejecutivo. En el corto plazo no veo la salida. Las instituciones siguen funcionando. Más adelante vendrán elecciones, habrá otro Senado, otras mayorías parlamentarias.

–¿Este escenario lo retrotrae a la Corte menemista, a la mayoría automática?
–Puede ser, sí. Una Corte que va a legitimar todo. Ya el Congreso legitimó los DNU que no son de Necesidad y Urgencia sino que son decretos-leyes. No había ninguna necesidad ni urgencia en desbaratar la ley de medios. La Necesidad y Urgencia debe ser del Estado y no una necesidad política de quien gobierna.Esto es el desguace de la República. Habrá que reconstruirla.

–¿Esa reconstrucción la imagina durante el macrismo?
–No. Si la han desguazado lo han hecho para favorecer a las corporaciones trasnacionales. Estamos en una etapa de tardocolonialismo. Estamos sufriendo un virreinato modelo siglo XXI.

–¿Es jurídicamente legítima la aniquilación de la ley de medios por decreto?
–No, se hizo un decreto ley y el Congreso lo ratificó. Se podrá recurrir a la Corte Suprema de Justicia pero dirá que es una cuestión política y no judicial. Se irá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte.

–¿Encuentra un paralelismo entre la situación que vive Cristina y la que está atravesando Dilma Rousseff en Brasil?
–Sí, es exactamente lo mismo. Sólo que no tuvieron paciencia para sacarla con una elección. Los dos países juegan con un sector de la justicia y el monopolio de los medios. Creo que parte de la ciudadanía argentina se equivocó creyendo que esto (por el macrismo) era una alternancia. Es un cambio de régimen. Pasamos a un régimen colonizador.

 

RECUADRO

Las off shore se hacen para no pagar impuestos

El escándalo que produjo la investigación “Panamá Papers” salpicó a diversas figuras internacionales. Entre nombres de dirigentes y líderes mundiales con cuentas off shore –se sospecha que se crearon para lavar dinero o evadir impuestos– figura el del presidente argentino, Mauricio Macri. El ex empresario aparece como directivo de una firma no declarada. El caso llegó a la justicia federal.

–¿Es grave en términos jurídicos que el Presidente figure como directivo de una firma off shore no declarada? ¿Qué podría esconder?
–No podemos saber si ha habido alguna operación, pero lo cierto es que las empresas de esa naturaleza siempre se hacen parta evadir, con el argumento de que como los impuestos son altos, lo que tienen dinero lo salvan de esa manera. Por lo menos hay un indicio de preparación de una operación de esa naturaleza, pero no sabemos si se ha cometido o no.

–¿Cree que el hecho no está teniendo el mismo peso en tribunales ni la misma cobertura mediática que el caso Báez? ¿A qué se lo atribuye?
–Es obvio que todo el monopolio mediático encubre todo lo que puede afectar a este gobierno, salvo cuando quiere extorsionarle algo. Si bien no es lo mismo, es también claro que el sector partidizado del Poder Judicial procede de igual forma.

 

Link a nota original: http://www.veintitres.com.ar/article/details/59824/el-elegido-de-cristina

Revelan plan de la dictadura para ocultar crímenes contra la propia tropa en Malvinas

El 23 de agosto de 2015 en Tiempo Argentino dimos como primicia un archivo desclasificado que evidenció el plan que había diseñado la última dictadura militar para esconder las torturas que los oficiales habían perpetrado a sus propios soldados en plena guerra de Malvinas.

El material fue encontrado durante la desclasificación de archivos relativos al conflicto con el Reino Unido que ordenó la presidenta. El entonces comandante en jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, ordenó los lineamientos para ocultar las torturas que los oficiales aplicaron sobre los conscriptos. Dispuso que los vejámenes sean considerados como simples faltas disciplinarias.

Un documento secreto, al que accedió Tiempo en exclusiva, revela el Plan de la dictadura para esconder los crímenes que la superioridad aplicó contra su propia tropa durante la guerra de Malvinas. Lo firmó el teniente general Cristino Nicolaides, entonces comandante en jefe del Ejército e integrante de la cuarta Junta Militar, el 30 de diciembre de 1982, seis meses después de terminada la contienda bélica y con el informe que realizó la Comisión de Evaluación del Conflicto del Atlántico Sur –donde constaban las torturas– en la mano. El material fue encontrado durante la desclasificación de archivos relativos al conflicto con el Reino Unido que ordenó la presidenta Cristina Fernández, el 2 de abril pasado. No fue la única perlita descubierta. También se hallaron nuevos casos y pruebas que los ex combatientes presentarán en los tribunales federales de Tierra del Fuego en los próximos días.

La orden
Nicolaides dejó asentados los lineamientos para ocultar las torturas que los oficiales y suboficiales aplicaron a los conscriptos en un escrito que dirigió al Comandante del V Cuerpo del Ejército “Teniente General Julio Argentino Roca” en los últimos días de 1982. A la hora de impulsar una investigación interna en aquel comando ordenó que los vejámenes sean considerados como simples faltas disciplinarias. En los casos en que eso sea imposible por la gravedad del hecho dictaminó que se le informe la situación a él en persona para resolver el problema. Se trató de una orden que se impartió hacia las estructuras militares del Ejército que participaron del conflicto bélico: las unidades y brigadas del I Cuerpo; el III Cuerpo; y el V Cuerpo de Ejército que viajaron a las islas.
La orden de Nicolaides al comandante del V Cuerpo fue clara y contundente: “En los casos (…) en que se acreditare alguna infracción las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura”, afirmó en el punto 2 de su escrito. “Cuando excepcionalmente, se apreciara que el hecho no se puede resolver en el ámbito disciplinario, deberá informarse tal circunstancia dándose debidamente razón de ello al Comandante en Jefe del Ejército, quien decidirá sobre el particular”, añadió.
Atento al escándalo que podría producir en la sociedad la difusión de las aberraciones que sufrieron los soldados –en un momento delicado para los genocidas que procuraban conservar el poder–, Nicolaides pidió la “adecuada reserva” del caso “de modo tal de evitar su conocimiento en el frente externo y preservar la tranquilidad del frente interno”. Para eso, destacó, “resulta de particular importancia la selección de las medidas probatorias que se arbitren”. En los documentos secretos los militares hicieron mucho énfasis en qué pruebas tener en cuenta para reconstruir los hechos.
Las torturas que ordenó ocultar el jefe del Ejército son las mismas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió soslayar el 19 de febrero pasado al no darles carácter de delitos de lesa humanidad y dejar que prescribieran. Esta decisión derivó en que los ex combatientes presentaran el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negación de justicia.

La onda expansiva 
Otro documento confidencial, fechado el 12 de enero del ’83, refleja que la orden de Nicolaides fue descendiendo por las diferentes estructuras castrenses que estuvieron en las islas. El titular del V Cuerpo del Ejército le remitió al Comandante de la IX Brigada de Infantería la orden de su superior y orientó el trabajo que debía hacer a la hora de impulsar las investigaciones internas sobre las torturas: “A fin de que se cumplimente lo ordenado por el Comandante en jefe del Ejército” resaltó la necesidad de “poseer a priori el medio probatorio que asegure arribar a un resultado concreto y esclarecedor del hecho”. Es decir, que se garantice la impunidad de los victimarios. Para eso insistió en la “moderación en la represión disciplinaria del hecho”. Para no dejar lugar a dudas, en el punto 3 de su escrito, Miguel Alfredo Mallea Gil, general de Brigada y Segundo Comandante del V Cuerpo de Ejército, pidió que “de resolverse la imposición de medidas disciplinarias, deberá previamente requerirse opinión al suscripto”. Resaltó “la clara orientación del punto 2” que dictaminó Nicolaides.
Los militares pretendieron ocultar los asesinatos, estaqueamientos, torturas y vejámenes que se ejecutaron en el archipiélago austral mientras el fuego enemigo acechaba. Muchos de esos delitos fueron denunciados penalmente por los ex combatientes en el 2007, en el juzgado federal de Río Grande. El caso creció hasta  convertirse en un expediente con más de 120 denuncias, 150 casos y 73 acusados. En febrero pasado, la Corte falló sobre una cuestión de forma en uno de los casos que le llegó y obturó toda la pesquisa. “La firma de Lorenzetti tiene la misma implicancia que la de Nicolaides”, afirmó Ernesto Alonso, presidente de la comisión nacional de ex combatientes, a Tiempo. Por eso, los ex soldados apelaron la decisión ante la CIDH con el apoyo de la presidenta.

Nueva prueba 
En los archivos desclasificados surgieron nuevos casos y pruebas que serán presentadas a fines de este mes o principios de setiembre en los tribunales federales de Tierra del Fuego. “Se encontraron nuevos casos de torturas. Muchos de los acusados aparecen denunciados nuevamente. Se sumaron casos de ‘muertes por accidente’; de hambruna”, explicó Alonso a este diario. Por caso, entre las aberraciones que ocurrieron en el V Cuerpo de Ejército se encontró la que padeció un soldado (cuya identidad se reservará) a quien en reiteradas oportunidades le ataron los pies y las manos a la espalda y lo colocaron de cara al suelo sobre la arena mojada, bajo un frío polar y en plena guerra, durante 8 horas por expresa decisión del teniente de su sección. Al mismo ex combatiente, un sargento del mismo regimiento le propinó una patada en los testículos, agresión por la que sufrió un derrame y debió ser operado. Ese era el trato que los militares de la dictadura les daban a sus soldados en medio de la guerra. El acopio de comida para beneficio personal en detrimento de su tropa es apenas una anécdota ante semejante maltrato.
Ante la avalancha de denuncias que realizaron los combatientes al regresar de las islas en las actas de recepción que debieron firmar en Campo de Mayo, el Ejército desarrolló  las mentadas normas de tramitación de las acusaciones. La gran mayoría debía concentrarse, tras la investigación correspondiente, en el Comando en Jefe de la fuerza cuya posición quedó más que clara en el escrito de Nicolaides.  Además, en la instrucción castrense no se citaba a declarar a las víctimas por expresa orden del jefe del Ejército, sólo se utilizaba la denuncia que habían hecho los soldados por escrito y firmado al pisar el continente. Ante este escenario, al ser citados, los victimarios negaban los cargos en su contra. Como no había una réplica, en muchas ocasiones el Ejército cerraba el “trámite administrativo” porque no podía “constatarse el hecho”. Eso fue lo que sucedió en el mentado caso del soldado que fue atado y pateado. Y en tantos otros. La nefasta orden de Nicolaides fue aplicada con disciplina militar. «

“Se hacía declarar a los soldados bajo presión”

“Cada vez hay más certezas de lo que denunciamos”, indicó Ernesto Alonso a Tiempo. “Hubo órdenes precisas de dejar la sanción de las torturas en una acción disciplinaria”, dijo. Y afirmó que “hubo instrucciones de la Inteligencia Militar anteriores a la rendición para desplegar una estrategia para la recepción de soldados”. Se trató de una forma de contención que creó la dictadura para administrar la información que podía perjudicarla. Los ex combatientes volvían desnutridos y dispuestos a contar  todas las torturas que sufrieron. “Por eso se creó el CARI (el centro Asistencial de Recuperación Integral), que se conformó en Campo de Mayo. Allí nos tomaban una declaración”, dijo Alonso. Y lo hacía personal de inteligencia. “Se hacía declarar a los soldados bajo presión y amenazas”, contó el presidente de la comisión nacional de ex combatientes. Aquellas denuncias que filtraba la inteligencia militar eran las mismas que el Comandante en Jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, ordenó investigar lo menos posible. En caso de encontrar culpables, el jefe de la fuerza determinó que se los pene solo con sanciones disciplinarias. “Se armó todo para tratar de exculpar a los victimarios”, concluyó Alonso.

El caso de Silvio Katz

En los pocos casos que el Ejército halló culpable a un oficial o suboficial por torturas contra su propia tropa, la pena que ordenó no superó unos pocos días de arresto. Eso fue lo que sucedió con el teniente Flores Anodino que torturó al ex soldado Silvio Katz y a otros ex combatientes que también aparecen en los documentos desclasificados acusando al oficial. “A los que no eran judíos, Flores Ardoino les hacía poner sus manos y pies en agua congelada. A mí me metía hasta la cabeza. Y me orinaron estando estaqueado”, denunció quien integró el Regimiento 3 de La Tablada y tenía 19 años cuando lo enviaron a las islas.

En declaraciones a este diario en abril pasado, Katz recordó su paso por la guarnición militar de Campo de Mayo donde fue retenido para mejorarles su imagen. “Me quisieron hacer firmar un papel a mi regreso de la guerra en el que debía decir que todo había estado bien. Me negué”, relató. “Me habían amenazado con que no iba a salir más de Campo de Mayo, adonde nos habían llevado para ponernos en forma. Yo estuve entre una semana y diez días. Había bajado 20 kilos por lo menos en Malvinas”, contó.
Su testimonio se incorporó en 2009 a la denuncia que iniciaron los ex combatientes en el 2007 y que la Corte obstaculizó en febrero pasado. “El Ejército que desapareció gente fue el mismo que fue a Malvinas”, sentenció. Y pidió justicia para que Flores Anodino sea juzgado: “Tiene la misma medalla y pensión que yo. No merece ser tratado de igual manera: fue a Malvinas a torturar y no a combatir”, dijo.

 

Nota original: http://tiempoargentino.com/nota/182969

Un represor suelto en Barrio Norte

El 24 de marzo de 2015, Tiempo Argentino publicó en su portada una investigación que realicé junto al fotógrafo Gustavo Molfino. Producto de esta nota y el accionar del fiscal federal Pablo Camuña, el represor Jorge Capitán dejó su prisión domiciliaria y fue destinado a una cárcel común.

Tiempo documentó las ágiles y apacibles caminatas que el coronel retirado realizó por las calles de Barrio Norte, donde reside

El represor Capitán violó al menos tres veces su arresto domiciliario

Por “razones de salud”, fue autorizado a dar vueltas a la manzana de su casa, ubicada en Sánchez de Bustamante. Pero los recorridos del imputado por homicidios y otros crímenes de lesa humanidad se extienden a más de ocho cuadras.

El coronel retirado Jorge Gerónimo Capitán está procesado por crímenes de lesa humanidad desde diciembre de 2012. Sin embargo, nada le impide caminar por las calles de Barrio Norte, en Capital Federal, con agilidad. No sería una irregularidad si no fuera por la particular prisión preventiva que debe cumplir por orden judicial en su domicilio de Sánchez de Bustamante 1777, entre Güemes y avenida Santa Fe. Las fotografías que lo muestran en ropa deportiva, caminando en soledad, a más de ocho cuadras de su departamento, son contundentes. Lo exponen violando la autorización que tenía para caminar tan sólo vueltas a la manzana de su casa acompañado por una guardadora legal.
Para la justicia federal, Capitán realizó “un aporte esencial para el funcionamiento del centro clandestino de detención La Escuelita durante 1975, cuando el gobierno de “Isabelita” Martínez de Perón autorizó el Operativo Independencia, en Tucumán. Al militar retirado se le adjudicaron homicidios triplemente agravados, torturas, vejaciones y participación en secuestros durante el terrorismo de Estado. En diálogo con este diario, Capitán rechazó los cargos en su contra y aseguró que está habilitado a caminar por su barrio. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por este diario negaron que se le haya concedido una extensión al recorrido autorizado.

En una decisión polémica, en abril de 2013, el juzgado federal de Tucumán, a cargo de Daniel Bejas, había habilitado al militar retirado a realizar caminatas diarias de 45 minutos por la misma manzana de su domicilio. ¿La razón del beneficio? Padecer, supuestamente, problemas de salud. Según fuentes judiciales, el acusado debía caminar acompañado por su mujer. Dentro del expediente, a los ojos de Bejas, ella es la garante de su detención domiciliaria.

Pero para Capitán las ventajas que le otorgó la justicia tucumana no fueron suficientes. Tal como quedó registrado por una lente fotográfica, el acusado se pasea por las calles del coqueto vecindario, lejos de su domicilio sin ningún tipo de custodia. Su periplo va mucho más allá de la manzana permitida y llega, como comprobó Tiempo, a casi diez cuadras de su residencia y, a la vez, lugar de la prisión domiciliaria a la que fue condenado (ver infografía).

La permisividad judicial tuvo consecuencias obvias, que fueron capturadas en tres ocasiones a las que accedió este diario, realizadas con meses de diferencia. Los primeros registros corresponden al inicio de la investigación, el 17 de junio de 2014. La segunda serie corresponde al 28 de diciembre del mismo año. Y la última, al sábado pasado.
El recorrido es calcado en cada una de las ocasiones. La ausencia de su “guardadora legal” también.

UN VECINO MÁS. En las imágenes de junio se ve a Capitán vestido con un conjunto deportivo azul y zapatillas blancas, moviéndose con destreza y aparente alerta, cruzando calles, alejado de su hogar. Seis meses después, continuaba con sus caminatas “extendidas” y solitarias. Las fotos de diciembre lo muestran con vestimenta de verano –short y remera gris–, circulando por la esquina de Sánchez de Bustamante y avenida Córdoba. El procesado vive en Sánchez de Bustamante 1777, a 800 metros de aquella esquina. En la última ocasión registrada, reitera su vestimenta gris. Se lo ve tranquilo y descontracturado, paseándose como un vecino más.

En el barrio es vox populi que un represor sale a caminar con disciplina castrense todos los días, a las 11. Y jamás se circunscribe a la manzana de su domicilio. Sale solo y cada tanto se lo ve subir a un patrullero “cuando va al médico”, comentaron los vecinos.
Acaso, el juez tucumano que accedió al planteo del acusado supuso que era posible que el represor violara el beneficio de la prisión domiciliaria. Eso parece desprenderse de un apartado del procesamiento contra Capitán, que fue firmado dos años atrás.

SOSPECHAS. En un pasaje de ese escrito, el juez libró oficio a la Policía Federal para que cumpla rondas diarias de custodia en el domicilio del ex militar “informando quincenalmente a este juzgado los movimientos registrados en los mismos”. También había pedido que la medida fuera supervisada por el Patronato de Liberados. Según ordenó Bejas, el Patronato tenía que presentarse “semanalmente y sin previo aviso de visita” en el departamento del genocida. Además de Capitán, en aquella resolución, se había ordenado a la Federal vigilar los domicilios de otros tres represores: José Luis del Valle Figueroa, Ernesto Chávez y Alberto Svendsen.

El fiscal Pablo Camuña se había opuesto a la prisión domiciliaria de Capitán y solicitado que fuera trasladado al cárcel de Ezeiza, que tiene equipos y profesionales para atender a represores con problemas de salud. Pero el magistrado decidió hacer lugar al planteo de la defensa.

Para el periodista investigador Pablo Llonto, abogado querellante en diversos juicios de lesa humanidad, “al disponer una prisión domiciliaria, el juzgado tiene que determinar la forma de controlarla. Hay mucha flexibilidad porque no hay un reglamento. En este caso el juez fijó dos mecanismos de control. Pero, ¿se hacen o no?” “Da mucha bronca –agregó– ver a un genocida caminando por la calle. Y eso se agrava: si esa prisión tiene condiciones, ellos se burlan.”

Rodolfo Yanzón, abogado querellante en juicios de lesa humanidad, afirmó a Tiempo: “Está mal que el juez ponga bajo control de la Policía Federal el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Ese control debería ejercerlo el Servicio Penitenciario. Es un mal manejo de los jueces, donde  gana el represor que viola la medida de arresto”, opinó. Y resaltó: “La prisión domiciliaria hay que controlarla y el principal responsable de eso tiene que ser el juez. Una persona arrestada que se va diez cuadras sin autorización ni control debería perder el beneficio de la domiciliaria y estar en unidad penitenciaria”, afirmó a este diario.

DELITOS IMPUTADOS. De acuerdo con la imputación fiscal, a Capitán se le adjudican violaciones de domicilio en seis ocasiones; privaciones ilegítimas de la libertad con apremios y/o vejaciones en diez ocasiones; torturas agravadas en diez ocasiones; y homicidios triplemente agravados en cuatro ocasiones. El militar retirado, según fuentes judiciales, se desempeñó como auxiliar de la Jefatura de Operaciones (G3). Revistó como oficial del Estado Mayor del Comando de la Quinta Brigada de Infantería de Tucumán entre el 4 de diciembre de 1975 y el 15 de octubre de 1976. Tuvo un papel central dentro del Operativo Independencia, el prólogo castrense del genocidio que comenzaría durante la dictadura cívico-militar. Cuarenta años después, Capitán camina, manso y tranquilo, por Barrio Norte. La justicia, como en otros casos similares, mira para otro lado.

 

Nota original: http://tiempoargentino.com/nota/148309

 

 

Vuelos de la muerte: la lista de todos los pilotos habilitados para operar los Electra

El 24 de marzo de 2012, en el marco del 36° aniversario del golpe de estado en la Argentina, publiqué esta investigación en la portada del diario Tiempo Argentino. La nota, que se había sido difundido en los días previos en la revista Veintitrés -donde trabajo desde el 2005- fue presentada por abogados de Abuelas de Plaza de Mayo en la fiscalía de Eduardo Taiano. 

Una investigación de la revista Veintitrés reveló por primera vez la nómina de los aviadores navales con permiso para pilotear las máquinas utilizadas para arrojar al Atlántico y al Río de la Plata más de 4400 desaparecidos.

Todavía falta mucha verdad. A 36 años del golpe genocida, aún hay hechos que permanecen en la impunidad. Los vuelos de la muerte son uno de ellos. Los nombres que aquí se revelan por primera vez son los de los pilotos que estaban habilitados a volar los aviones Electra, la flota que está en la mira de la justicia en la causa que investiga la desaparición forzada de personas en el río y en el mar. Eran los pilotos de una fuerza criminal, en tiempos de acción criminal. La justicia espera por ellos.

Los miércoles, los pilotos navales sabían que podían ser requeridos. Ese era el día de “traslado” en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. La tarea: transportar los cuerpos desnudos, anestesiados y torturados de los desaparecidos que estaban apilados en la parte trasera de la aeronave. Cuando ellos ubicaran el avión en las coordenadas adecuadas y dieran la orden, los oficiales de la Armada arrojarían a sus víctimas al vacío.
El relato integra el libro Por Siempre Nunca Más, una autobiografía donde el ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo reconoce haber participado de dos vuelos, desde donde arrojó a 30 personas adormecidas con pentotal. En su libro, Scilingo dice que por esta vía desaparecieron a 4400 personas. Los testigos de la ESMA corroboraron que los “traslados” se realizaban los días miércoles.

La autobiografía del asesino Scilingo –condenado en España a más de mil años de prisión por sus crímenes de lesa humanidad– detalla que un mes después de su primer vuelo volvieron a llamarlo. Esta vez había 16 detenidos.
El proceso fue igual: sacaron a los secuestrados por la puerta trasera del sótano de la ESMA y “semidormidos (los) subieron al camión. En Aeroparque nos esperaba un Electra. Dentro, tenía sólo los asientos que hay entre la portezuela y la cabina, unas seis hileras. El resto estaba vacío. Colocamos los detenidos sobre el costado derecho. Decolamos. (…) Cuando llegó el momento, se despresurizó la cabina. Un suboficial me ató con una soga la lado de la puerta de emergencia de popa estribor (atrás derecha) y luego con mucho cuidado la retiró. Me acercaron a cada uno de los trasladados y una vez más cumplí misión de hacerles traspasar la puerta rumbo a la muerte.”

El relato de Scilingo coincide con la descripción que realizó un investigador a este cronista: “En el reglamento del Electra L-188 se destaca el capítulo donde se explica ‘cómo arrojar las líneas de salvamento’ desde la aeronave.” Las líneas de salvamento son una especie de soga larga, explicó, que está compuesta por diferentes elementos y forma una cadena de objetos. “Para poder desplegarla, se debe bajar el avión hasta determinada altura, reducir la velocidad y entonces apagar el motor número 3 (el Electra tiene cuatro hélices). Recién allí se procede a la apertura de la pequeña puerta trasera de emergencia que tiene la particularidad de abrirse hacia adentro”, explicó.

Esta descripción da por tierra con la afirmación de la Armada de que desde los Electra no se puede realizar una descarga en vuelo (ver página 8). Los marinos arguyen la imposibilidad de abrir el portalón principal de este avión que mide unos dos metros por tres metros, ignorando la puerta de emergencia. Justamente, la misma a la que hace referencia el reglamento al que accedió este investigador y el relato de Scilingo. Tal como se desprende de la crónica anterior, la labor de los pilotos era determinante. Su destreza era crucial para llevar a cabo los vuelos de la muerte.

En respuesta a una solicitud de la revista Veintitrés, el Estado Mayor General de la Armada entregó a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación, una lista con los pilotos habilitados a volar los aviones Electra L-188 entre 1976 y 1983. Todos pertenecían a la Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logística Móvil, que constaba de tres Electra Lockheed 188: el 5T1, matrícula 0691; el 5T2 matrícula 0692; y el 5T3, matrícula 0693, provenientes de los Estados Unidos. Esta escuadrilla (EA51), que se investiga como último eslabón del proceso de desaparición de personas, dependía de la Escuadra Naval Número 5, con base en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según esta documentación, desclasificada junto a todos archivos de la represión por el gobierno de Cristina Fernández, los 24 pilotos habilitados a volar estos aviones son los siguientes:

* Benito Basilio Pertiné: cuñado del ex presidente Fernando de la Rúa. Su legajo, lo compromete con la represión bestial que aplicó la última dictadura militar. En 1978, Pertiné fue sancionado por “no extremar las medidas para emitir un interrogatorio ordenado por su superior con la atenuante de haberlo detenido luego”. El 22 de mayo de 1979 tuvo como destino esta escuadrilla y también fue sancionado, en esta ocasión por: “No extremar las medidas para tener listo el avión, ocasionando demoras en el despegue, siendo el comandante del mismo.”
Además de desempeñarse durante 1979 como instructor del avión L-188, el cuñado de De la Rúa fue Segundo Comandante en el destino 418. “Ha orientado la actividad de su unidad al logro de una mayor eficacia en el combate y el resultado ha sido altamente satisfactorio en consideración”, lo evaluó uno de sus superiores. Para el almirante Jorge Anaya: “Es el oficial de Marina más completo que he encontrado a lo largo de toda mi carrera naval. Excepcional”, firmó.
Resulta particular la “mayor eficacia en combate” de Pertiné, teniendo en cuenta que la única guerra que libraba la Armada en aquel entonces era contra “la subversión”, y todo aquel que no pensara como ellos.
En la actualidad, Pertiné se volcó al rubro de la construcción, llegando a ser contratista del Estado. De acuerdo a los registros públicos, está vinculado a las siguientes empresas: Tecnoartel, Cimsa, Udra Argentina SA y Constructora San Jose.

* Luis Conrado Lupori: fue otro de los pilotos habilitados para volar los aviones Electra. Según se desprende de su legajo, ya en 1975 había realizado un curso para pilotear este tipo de aeronaves, conocimiento que supo explotar en los años siguientes. Entre el 28 de enero y el 19 de agosto de 1978 estuvo en esta escuadrilla. Puesto que dejó brevemente, tras un pasar por la agregaduría militar en los Estados Unidos. Volvió y estuvo hasta el 31 de diciembre de 1983.
Pero antes de llegar a la EA51, y en pleno terrorismo de Estado, Lupori tuvo un destino muy particular: la ESMA. De acuerdo a su legajo, entre 1975 y 1977 “se desempeñó en la Escuela de Mecánica de la Armada” donde además de ser “jefe de 1º curso de aviación”, también se desempeñó como jefe de contrainteligencia durante cinco meses. También estuvo ocho meses en el mismo destino como jefe de la Compañía 11.
Ante este marco, se lee en sus fojas: “Gran valor en el servicio.” Y: “A pesar de no poseer la capacitación, desempeñó el cargo de contrainteligencia. Se ha desempeñado de manera excepcional.” Quien firmó esta última evaluación, el 15 de diciembre de 1976, fue Rubén Chamorro, entonces director de la ESMA. Chamorro estaba acusado por crímenes de lesa humanidad pero murió antes de que se le dictara una condena.
En las mismas fojas se lee: “Informe sobre el calificado: En oportunidad de integrar el calificador la aprobación de un avión Electra que me fuera subordinado por el Sr. Comandante en Jefe de la Armada para el cumplimiento de una operación de alto grado de reserva, demostró un excepcional entusiasmo, espíritu de cooperación y confianza hacia el suscripto. Esta operación, (fue) cumplida en el extranjero con éxito (…)”. Y se resalta el “gran factor contribuyente” del accionar del “capitán Lupori; quien transmitió su ejemplar proceder a la tripulación”. La nota es del 20 de abril de 1979 y quien felicita a su subordinado es Jorge Raúl Vildoza, entonces capitán de navío, señalado por Scilingo como el director de los vuelos de la muerte, hoy prófugo de la justicia por los crímenes de lesa humanidad que cometió en la ESMA.
Desde que dejó la Armada, el ex marino supo hacer una ascendente carrera en la esfera aérea comercial. Fue director de Marsans, la empresa multinacional de capitales españoles que había comprado Aerolíneas Argentinas. Fue socio de Antonio Mata, el dueño de aquella empresa, en diferentes firmas, como en Jet Paq SA. Pero su rol más significativo fue haber alcanzado la dirección de Aerolíneas Argentinas y de Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur SA, en 2003. En otras empresas aéreas en las que participó también se destaca Advent SA. Licenciado en Sistemas, en el 2004, también alcanzó la presidencia de SMR Servicio de Mantenimiento Aeronáutico.

* César Enrique Ávila (fallecido) y José Roberto Fernández: fueron los comandantes de la EA51 en 1976 y 1977, respectivamente. El primero estuvo entre el 1 de marzo de 1974 y el 9 de diciembre del mismo año en la escuadrilla con asiento en Ezeiza y ejerció el comando de la misma entre el 22 de diciembre de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.

*Jorge Eduardo Albanese:  se recibió como comandante de Electra L-188 en 1975. Entre el 28 de noviembre de 1975 y el 26 de noviembre de 1976 estuvo destinado en la EA51. De acuerdo a su legajo tiene “muy buena predisposición para el cumplimiento de tareas ajenas a la rutina.” “Sabe ocuparse con eficacia cuando es necesario. Tiene un espíritu de combate desarrollado”, firmó en sus fojas el fallecido César Ávila. Tan apreciado era por su superior que pidió que se quede en el área para “volcar su experiencia a los nuevos pilotos”. Acaso su espíritu de combate se debía a la formación que recibió en el curso de “subversión y guerra revolucionaria” que realizó en la Escuela Naval de Inteligencia.
En 1977, Albanese pidió su pase a retiro porque tenía la “intención de incorporarse a la empresa Austral Líneas Aéreas SA”. Finalmente logró su pase a retiro. Desde entonces, la carrera de Albanese continuó en Austral Líneas Aéreas, donde se desempeñó por 27 años. Al menos hasta 2009, trabajaba en Andes Líneas Aéreas.

* Jorge Gerardo Bohm: su caso es particular. La evaluación de fojas de servicio esta tachada en lo que respecta a 1976. No obstante se puede reconstruir que del 3 de marzo de 1975 al 31 de diciembre del mismo año estuvo en la EA51 y que luego fue aviador naval, por un año, en Punta Indio –sitio señalado por Sicilingo como una constante para hacer escalas durante los vuelos de la muerte– y jefe de publicaciones en 1977. “Jamás pierde la calma e infunde serenidad en sus subordinados”, firmó Alberto Olcese. En 1980 fue jefe de contrainteligencia por siete días y adquirió capacitación para ser copiloto de Electra. Dos años más tarde pasaría a ser miembro de la plana mayor de la EA51 en Malvinas. Concluido el conflicto, Bohm se fue alejando de la Armada hasta cambiar radicalmente de rubro. Hoy se dedica a la venta de libros. Aunque no pudo alejarse del agua: se radicó en Pinamar.

*Jorge Alberto Capella: era piloto de helicópteros y de aviones Electra. El 19 de marzo de 1979 fue evaluado como copiloto de un L-188 en Ezeiza por Lupori, Pertiné y Ricaldoni. Un año más tarde otros tres pilotos navales lo evaluarían como piloto del mismo avión. Participó en Malvinas por ser parte de esta escuadrilla, a la que perteneció hasta diciembre de 1984, cuando pasó a la ESMA. En la actualidad tiene una inmobiliaria y una constructora.

*Alejando Oscar Cagliolo: llegó a la escuadrilla a finales de 1981. Anteriormente había pasado por la Escuela Aeronaval Antisubmarina (’75); la Escuela para Oficiales (’76); y la Escuela de Aviación Naval. Por su presencia en la EA51, participó de la Guerra de Malvinas y junto a Lupori realizó los vuelos de búsqueda del hundido crucero General Belgrano. Una vez fuera de la fuerza, cambió de rubro. Se fue a vivir a Trelew y en el año 2003 se transformó en empleado de  la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras, hasta alcanzar el cargo de director ejecutivo. Renunció un par de años atrás y en el 2009 creó la firma Comercializadora de alimentos del SUR SRL.

* Daniel Emilio Bullo: desarrolló un curso de especialización en los Electra en 1980. Sin embargo, recién alcanzó a ser comandante de este tipo de aeronave en 1982.Anteriormente, entre 1976 y 1978, estuvo destinado en la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina. Fue miembro de la plana mayor de la EA51 en Malvinas. Al 2011, Bullo seguía siendo piloto de Aerolíneas Argentinas y Austral.

* Marcelo Roberto Boveda: fue miembro de la escuadrilla en 1980. Según se desprende de su legajo, realizó varias comisiones a los EE UU para realizar cursos de calificación y recalificación de Electra. En el mismo año fue designado ayudante secretario del comandante de la Fuerza Aeronaval 3, sin perjuicio de sus actividades en vuelo. Por su rol, formó parte de la Plana mayor del EA51 en la guerra de Malvinas.

* Esteban Julio Kalauz: fue jefe de contrainteligencia por nueve meses, entre el 25 de enero de 1977 y el 25 de noviembre. Dos años más tarde, en el mes de julio realizó los cursos de aviación naval y contrasubversión. En 1980 vuelve a ser jefe de Contrainteligencia.

* Raúl Carlos Favreaud: realizó un curso de adiestramiento para pilotear el Electra L-188 el 6 de junio de 1977 en la compañía Eastern Air lines en Miami, Estados Unidos. Licenciado en Economía, también fue piloto de la Plana mayor de la EA51 en Malvinas. Concluida su tarea en la fuerza, estuvo vinculado al servicio inmobiliario. Falleció.

*Carlos Washington Marioni: tuvo una importante participación en los albores del golpe de Estado: “Ha participado en la operación militar, en la etapa de planificación, ejecución a mis órdenes durante el período del 17 al 27 de marzo pasado (de 1976)”, firmó James Whamond. Whamond, según la página desaparecidos.org: “Fue secretario general Naval (de enero a septiembre de 1978) y, desde diciembre de 1980 hasta enero de 1982, jefe de Aviación Naval. Por ejercer tales cargos, formó parte del Comando en Jefe de la Armada, por lo que tuvo decisiva responsabilidad en el accionar delictivo del personal de la Armada, como así también en el funcionamiento de los CCD que dependían de la mencionada fuerza”.

* Agustín Humberto Sosa y Guillermo Edgardo Méndez: también fueron parte de esta escuadrilla. El primero abandonó la fuerza luego de los años más terribles de la dictadura para desempeñarse en Austral entre 1979 y 1983. El segundo piloteaba en la misma aerolínea, al menos, hasta el año pasado.

* Completan la lista de pilotos: Daniel Horacio Caruso, Miguel Mariano Iriart – quien trabajó entre enero de 2002 y enero de 2004 para el Estado Mayor General de la Armada y ha fallecido–; Alberto Ángel Olcese; Carlos César Ricaldoni; Norberto Ulises Pereiro; Eduardo Figueroa; Guillermo Alejandro Lucas –quien formó parte de la plana mayor de la escuadrilla durante la Guerra de Malvinas–; José María Lamelza; y finalmente, Jorge Alberto Janiot –quien fue parte de la escuadrilla de exploración durante la Guerra de Malvinas y al día de hoy tiene por domicilio alternativo la Base Almirante Zar porque siguió vinculado a la Armada argentina–.
En otro documento constan todos los pilotos navales habilitados a volar entre 1976 y 1979. Son 240 pilotos, entre los que figuran reconocidos genocidas y tres nombres con mucha actualidad: Benito Italo Rotolo, Carlos Rodolfo Machetanz y Rafael Ángel Cornejo Solá. El primero de ellos fue el subjefe de la Armada entre 2003 y 2006. Hoy está siendo investigado con el ex jefe de la Marina, Jorge Godoy –quien fue pasado a retiro el pasado diciembre–, por espionaje a políticos. El segundo fue comandante de Aviación Naval hasta el 2010 cuando fue remplazado justamente por Cornejo Solá –quien terminó dejando la Armada en diciembre pasado–. Machetanz había ascendido en 2010 a la Inspección General de la Armada, cargo que abandonó en enero del 2011.
Pasaron 36 años y aún existen zonas oscuras, nebulosas, en lo que respecta a las atrocidades que cometió la última dictadura militar. Seguramente muchos de los hombres que aparecen en esta nota tendrán algo para aportar en la justicia.

Nota original en el sitio de Tiempo Argentino:
http://tiempoargentino.com/nota/23045

Editorial de aquel número, escrito por Roberto Caballero.

 

A 39 años del Golpe, el Partido Judicial resiste juzgar a los civiles cómplices

El 23 de marzo de 2015, un día antes de un nuevo aniversario del golpe de estado, realicé en Tiempo Argentino una nota sobre la suspicaz cadena de fallos judiciales que se emitieron en la previa al acto conmemorativo. Fueron cuatro resoluciones que se suscribieron con muy pocos días de diferencia y bloquearon los avances en causas emblemáticas de Derechos Humanos: todas favorecieron a civiles acusados de complicidad con la última dictadura militar.

Con sus recientes resoluciones, jueces de primera y segunda instancia parecieron enviar un claro y ominoso mensaje a la sociedad: será cuanto menos difícil que prosperen los procesos contra empresarios cercanos y/o integrantes de la dictadura. Los casos que exculparon a Massot, Blaquier, Magnetto y Agustín Bottinelli, ex jefe de redacción de Para Ti.

El caso Massot y la gran corporación bahiense. Del juez ad hoc Pontet a la Cámara Federal

La “falta de mérito” –una forma encubierta de sobreseimiento– que benefició al director del diario bahiense La Nueva Provincia, Vicente Massot, acusado por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, la firmó el juez ad hoc Claudio Pontet. El mismo viernes 6 de marzo, este abogado de matrícula devenido en magistrado de manera momentánea exculpó a Massot – sindicado como “coautor” de los asesinatos de dos obreros gráficos y de realizar aportes esenciales para favorecer el genocidio desde el periódico familiar– y sobreseyó a Hugo Sierra, secretario del ex juez durante la dictadura Guillermo Madueño, acusado de manipular el testimonio de secuestrados. “Tapó un escándalo con otro escándalo”, había asegurado el fiscal local, José Nebbia, al momento de los hechos.

Pontet aterrizó al juzgado federal Nº 1 de forma polémica: remplazó en el cargo a Álvaro Coleffi, el único magistrado que avanzó contra civiles en la localidad bonaerense y que dejó el despacho por presiones de la corporación judicial. La decisión de que Pontet se transforme en juez la tomó la Cámara Federal bahiense, lo que derivó en un pedido de nulidad de la designación por parte de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca. Ocurre que la cámara sólo determina las subrogancias “cortas” –menores a 60 días–. Las más extensas le corresponden al Consejo de la Magistratura. Los fiscales federales locales Nebbia y Miguel Palazzani entienden la de Pontet es una suplencia “larga”, por lo que presentaron un recurso en Casación que aún no obtuvo respuesta. También recusaron a Pontet por sus antecedentes: se lo vincula con imputados de lesa humanidad.
El “caso Massot” evidenció lo mancomunada que está la corporación judicial local. Fue ubicado en el cargo por la cámara, por sorteo. Había una lista de diez abogados de matrícula del Colegio Público de Abogados de Bahía Blanca para ocupar el cargo que fue compuesta por la Cámara Federal local. Curiosamente, en esa lista estaban el abogado de Massot (Rubén Diskin) y el del arzobispo Guillermo Garlatti (Héctor Bertoncelli), acusado de encubrir al capellán del Ejército Aldo Vara, fallecido en Paraguay donde estaba prófugo. Garlatti también fue sobreseído.

Massot, Sierra y Garlatti representan las tres patas civiles vinculadas a la dictadura beneficiada por la justicia federal de Bahía Blanca: un empresario de medios; un representante del Poder Judicial y otro de la Iglesia.

Al analizar la composición de la Cámara Federal de Bahía Blanca se comprenden varias decisiones. Sus tres integrantes –hay dos vacantes– son:

-Luis Néstor Montezanti es un ex Personal Civil del Ejército que revistó en el Batallón 601 durante el terrorismo de Estado. Actualmente, es profesor universitario, titular de cátedra en la Universidad del Sur en la facultad de Derecho. En 1979, avaló en una revista jurídica la pena de muerte legal. Por su pasado fue denunciado en el Consejo de la Magistratura, pero no se logró llevar al acusado a juicio político. “Hacen falta nueve votos para lograr el juicio. Tuvo el respaldo de los radicales”, explicó una fuente del Consejo. Algo similar sucede en la Academia, donde existe un debate en torno a su destino: se pidió echarlo de la universidad por sus vínculos castrenses.

-Ricardo Emilio Planes es un juez jubilado que fue convocado para que la cámara pudiera funcionar cuando falleció Ángel Argañaraz. Su llamado tal vez no fue azaroso. En 1987, la Cámara Federal de Bahía Blanca tuvo su momento de gloria cuando se pronunció por la “inconstitucionalidad”  de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Aquel tribunal estaba integrado por Luis Alberto Cotter e Ignacio Larraza y el mentado Planes, que en aquel memorable fallo votó en disidencia: para él, las leyes del perdón eran constitucionales. Consideraba necesaria una “pacificación nacional” y una “reconciliación”. Hablaba de “amnesia” respecto de los dolores del pasado. Relacionado al gobierno radical, dos años después, con el menemismo se opuso a los indultos. Si bien estuvo distanciado con Montezanti cuando se encontraron en la cámara las diferencias ya se habían limado.

-Pablo Candisano Mera es el más joven del trinomio. Integró la lista Bordó encabezada por Luis María Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados. Se lo vincula con el secretario judicial Santiago Ulpiano Martínez –quien también es muy amigo del beneficiado Hugo Sierra–. Con el apartamiento de Coleffi, Martínez había logrado transformarse en juez subrogante y retrasó el “caso Massot”, pero fue recusado por “falta de imparcialidad” por los fiscales. Actualmente, compite con Coleffi por transformarse en juez natural del juzgado federal Nº 1 de Bahía Blanca. Días atrás rindieron el examen escrito ante representantes del Consejo de la Magistratura. “Son todos muy corporativos”, explicó una fuente que conoció los pasillos de los tribunales bahienses. Por caso, Candisano también entabló amistad con el fiscal general de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro. Compartió con ellos diversos viajes.
La cámara con estos integrantes llegó a negar un allanamiento al diario LNP. Este recién se concretó cuando asumieron al frente de la Unidad Fiscal local los procuradores Palazzani y Nebbia.

 

El “ingenio” de la Casación que protege a Blaquier. La Sala IV y un fallo tan polémico como peligroso.

En un fallo sumamente polémico en materia de lesa humanidad, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal dictó la “falta de mérito” del titular del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y del entonces gerente administrativo de la empresa, Alberto Lemos, en las dos causas en las que estaban procesados por violaciones a los Derechos Humanos. Estaban vinculados a tres secuestros ocurridos el 24 de marzo de 1976 y a otros 20 que se ejecutaron durante la Noche del Apagón, cuatro meses después. La resolución con la que se blindó al empresario azucarero fue sumamente simbólica y preocupó a los organismos de Derechos Humanos. ¿Quiénes la rubricaron?

-Gustavo Hornos, presidente subrogante de la cámara que avaló de forma unánime la falta de mérito de Blaquier. Hornos es hijo de un coronel retirado del Ejército, ex alumno de la Escuela de Defensa Nacional y hermano de otro magistrado, Roberto Hornos. Entre otros cargos, integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. Fue denunciado junto a otros jueces de Casación por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura en 2007 por su actuación en juicios de lesa humanidad. Sorteó la acusación en su contra.
“Aunque ha tenido una actuación aceptable en los juicios de lesa humanidad, siempre en su voto ha dicho que dejaba su opinión a salvo en cuanto para él no había que haber reabierto los juicios. Insiste con la constitucionalidad de las leyes de impunidad”, explicó Rodolfo Yanzón, abogado querellante en causas de lesa humanidad y denunciante de los camaristas ocho años atrás.

-Si bien Juan Carlos Gemignani (h) no tiene antecedentes en el Poder Judicial, pertenece a la familia de los tribunales. Su padre, que lleva el mismo nombre, también fue magistrado: integró la Corte de Justicia de Entre Ríos durante la última dictadura. Fue designado por el gobernador de facto Rubén Di Bello. Gemignani padre hizo carrera académica: alcanzó el cargo de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, que lo catapultó luego para ubicarse en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Padre e hijo compartieron estudio jurídico en Paraná, informaron medios locales. Justamente, Gemignani (h) hizo su trayectoria en el ejercicio de la abogacía.

-El tercer y último integrantes de la sala IV es Eduardo Rafael Riggi. Se trata de un juez que le dio mucho trabajo al Consejo de la Magistratura: tuvo varias denuncias en su contra. Fue funcionario en el Camarón, la Cámara Federal Antisubversiva creada en 1971. Fue nombrado juez durante la dictadura. “Dos de sus secretarios, María Laura Olea y Diego Amarante, fueron abogados defensores de sus respectivos padres, ambos militares procesados por crímenes de lesa humanidad”, precisió el sitio Infojus, la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas. Entre las denuncias más mediáticas, se destaca el pedido de juicio político por haber sido contactado por un ex agente de la SIDE, Juan José Riquelme, para ofrecerle un soborno a cambio de que la causa del asesinato de Mariano Ferreyra cayera en su juzgado y él sobreseyera al sindicalista José Pedraza.

En 2007 varios abogados en representación de muchos querellantes en causas por violaciones a los Derechos Humanos presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra los integrantes de la Cámara de Casación “por entorpecer las causas de lesa humanidad”. La presentación alcanzaba a Alfredo Bisordi (entonces presidente del tribunal), Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Juan Rodríguez Basavilbaso, Hornos y Riggi, entre otros. “Los únicos que sobrevivieron fueron Hornos y Riggi”, recordó Rodolfo Yanzón, uno de los letrados que impulsó la acusación. Desde la denuncia, el accionar de ambos se modificó, indicó. “A partir de todas esta movida –sostuvo Yanzón– se disciplinaron. Si bien Hornos dejaba a salvo su opinión, acompañó el nuevo proceso judicial (en relación a los juicios de lesa).” Por caso, en 2012, revocaron las absoluciones a represores en Neuquén y ordenaron al Tribunal Oral Federal 1 de la capital provincial que aumente la condena de 12 años impuesta entre otros, a Raúl Guglieminetti.

Con el fallo del 13 de marzo pasado, el máximo tribunal penal volvió a sentar un antecedente peligroso en materia de lesa humanidad. La revocación del procesamiento de Blaquier provocó un sismo. Ocurre que la Casación recorta cómo mirar las causas penales federales.

 

San Martín, sin jueces para indagar delitos de lesa humanidad.

“San Martin hoy no tiene composición de tribunal para hacer juicios de lesa humanidad”, afirmó el periodista y abogado Pablo Llonto, querellante en causas por violaciones a los Derechos Humanos. Esta situación compromete el avance de las causas que investigan los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

El tribunal a cargo de esos procesos es el TOF Nº 1, que en la práctica sólo cuenta con una jueza firme en su cargo: Marta Milloc. Ocurre que el presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, es subrogante en este tribunal y no en exclusividad. Concurre entre dos y tres veces por semana, explicaron fuentes judiciales. Y añadieron que su subrogancia concluye en junio.

La situación se agravó en los últimos días, cuando el juez Héctor Sagretti se inhibió para actuar en los expedientes de lesa humanidad. Esto dejó a tribunal encargado de esos juicios más que rengo.

“En una resolución inédita, se inhibió porque consideró que su posición en los juicios ya es conocida”, explicó Llonto a este diario. Tanto Milloc como Barroetaveña convalidaron la inhibición. Esto motivó que el abogado querellante Tomás Ojeda Quintana presentara un escrito solicitando la nulidad de la resolución.

Este escenario produjo un cuello de botella: hay una cola de nueve causas de lesa humanidad esperando ser elevadas a juicio, entre ellas, la que involucra a la automotriz multinacional Ford, que espera fecha desde el año pasado.  Se sabe, los tiempos lentos de la justicia benefician a los victimarios.

 

Papel Prensa: un rechazo tan categórico como veloz. Ercolini no quiere indagar a Magnetto, Herrera y Mitre

Un día antes de que el empresario Carlos Blaquier fuera beneficiado con la “falta de mérito”, el juez federal en lo Criminal N° 10, Julián Ercolini, rechazó tomarle declaración indagatoria al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto; a la dueña, Ernestina Herrera de Noble; y al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, entre otros, por su actuación en el despojo de la empresa Papel Prensa que sufrió su anterior propietario, la familia Graiver.

El pedido había sido formulado por el fiscal Leonel Gómez Barbella, el día previo. Ante la insistencia del procurador y la querella, quienes apelaron la decisión, Ercolini volvió a sentar su posición. A Ercolini se lo vincula al ex procurador de la Nación, Esteban Righi, y al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, a quien siempre se adjudicó relaciones con Clarín.
De acuerdo con el libro Justicia. Era Kirchner, Ercolini integró la cátedra de Righi en la Facultad de Derecho (UBA) desde que tenía 20 años “como docente alumno” y allí entabló un vínculo fluido con Fernández. El ex jefe de los fiscales “quiere a Ercolini como si fuera de su familia”, escribieron Pablo Abiad y Mariano Thieberger en su libro.
Entre las causas calientes que tuvo se destaca la que acusaba a Néstor Kirchner de enriquecimiento ilícito. En 2004 lo sobreseyó. «

 

Bottinelli, un “periodista” al servicio del horror. Publicó en Para Ti un reportaje falso con loas a militares.

En el que fue el último caso de un “efecto dominó”, la Sala II de la Cámara Federal porteña benefició con la “falta de mérito” –el 17 de marzo pasado– al ex jefe de redacción de la revista Para Ti, Agustín Bottinelli. El ex periodista de la Editorial Atlántida había sido procesado por el delito de coacción como consecuencia de su desempeño en la publicación, en 1979, de un reportaje apócrifo a Thelma Jara de Cabezas, quien estaba secuestrada de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Los jueces que favorecieron a Bottinelli fueron Eduardo Farah y Martín Iruzun.
Al primero, el periodista Horacio Verbistky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo definió como “el delegado de Javier Fernández en la Cámara” que “en un alarde de economía de recursos integra sus dos salas”.

El 17 de marzo de 2008, el magistrado votó que los crímenes de la organización parapolicial Triple A no debían ser considerados de lesa humanidad. Sus pares de la  Sala I, Eduardo Freiler y Horacio Cattani, equipararon los hechos investigados con el terrorismo de Estado.
Por su parte, Martín Iruzun es un antiguo camarista al que se vincula con el “partido judicial”, cuya existencia y gravitación en el poder denunció semanas pasadas la presidenta Cristina Fernández. A Iruzun se lo relaciona con el radicalismo.

 

Nota original: http://tiempoargentino.com/nota/148261/a-39-anos-del-golpe-el-partido-judicial-resiste-juzgar-a-los-civiles-complices